En medio del escándalo que provocó en Clorinda la situación de un niño alojado en una residencia socioeducativa y que se fugo con denuncias por tormentos, la agencia oficial Agenfor difundió una extensa defensa de la actuación de la jueza de Menores Nadia Soledad Caballero. La magistrada aseguró que escuchó al menor y sostuvo que “se tomó la correcta decisión” al entregarlo provisoriamente al cuidado de su abuela materna.
Las explicaciones fueron publicadas exclusivamente por el medio de comunicación del gildismo, financiado con recursos del Gobierno provincial. Caballero no convocó a una conferencia de prensa, no habló con los demás medios ni se sometió a preguntas sobre las decisiones adoptadas durante el proceso, ni las denuncias por abusos y tormentos en los centros de menores del ministerio de la Comunidad.
Según la versión difundida por Agenfor, el Juzgado de Menores y la Dirección de Niñez y Adolescencia trabajaron conjuntamente desde el inicio para resguardar los derechos del niño. También se afirmó que se convocó a una audiencia para escucharlo personalmente, de acuerdo con su edad y grado de madurez.
La jueza indicó que durante esa audiencia, realizada a principios de la semana, autoridades judiciales y especialistas conversaron con el menor acerca de sus intenciones y prioridades. El acto quedó registrado en soporte audiovisual, pero la grabación fue reservada en el juzgado para proteger su intimidad.
“Luego de una audiencia realizada a principios de esta semana en el Juzgado de Menores, en cuyo transcurso las autoridades judiciales y especialistas en la materia conversaron con el menor y escucharon sus prioridades e intenciones, se tomó la correcta decisión de entregarlo temporariamente a su abuela materna”, señaló Caballero.
La publicación oficial describió como “conmovedor” el encuentro entre el niño y su abuela, quien reside en Corrientes. Según la magistrada, el menor permanecerá bajo su tutela y cuidado hasta que su madre se encuentre en condiciones de hacerse cargo.
Sin preguntas
La intervención de Agenfor aparece como una respuesta política y comunicacional del oficialismo frente a los fuertes cuestionamientos que rodean el expediente. Sin embargo, la difusión de una versión cerrada, sin posibilidad de repreguntas, dejó sin aclarar varios aspectos del procedimiento y de la permanencia del niño dentro del sistema estatal.
La controversia aumentó después de que Caballero dictara, el 9 de septiembre, una medida cautelar dirigida expresamente a medios provinciales y nacionales, además de usuarios de Facebook, Instagram, TikTok, X, sitios web, blogs, foros y grupos digitales.
La resolución prohíbe difundir contenidos que permitan identificar directa o indirectamente al menor o expongan aspectos de su intimidad. También ordena eliminar publicaciones anteriores y advierte sobre la posibilidad de aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Una designación cuestionada
La figura de Caballero también quedó bajo la lupa por la forma en que fue designada. El diputado radical Miguel Montoya recordó en Algo está pasando, por VLU FM 88.5, que la oposición votó contra su nombramiento porque el pliego fue introducido por el oficialismo para su tratamiento sobre tablas, sin análisis previo en comisión y sin que los legisladores conocieran anticipadamente el expediente.
Montoya afirmó además que Caballero no había obtenido el primer lugar en las evaluaciones de antecedentes y oposición, pero consiguió una puntuación decisiva durante la entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura. La Fiscal de Estado, Estela Maris Zabala, fue protagonista.
“El nombramiento de la jueza que está a cargo nació mal parido, nació manchado”, cuestionó el legislador. También advirtió que esas prácticas terminan debilitando la confianza pública cuando los magistrados deben intervenir en expedientes sensibles.
La defensa difundida por Agenfor buscó cerrar filas alrededor de la actuación judicial y presentar el desenlace como una decisión ajustada al interés superior del niño. Pero al evitar el contacto abierto con la prensa, la jueza volvió a comunicar sobre un caso de enorme repercusión pública sin responder preguntas sobre los cuestionamientos que pesan sobre su intervención.
