Dieciocho integrantes de comunidades wichís llevan 12 días privados de su libertad después del operativo policial que desalojó los cortes realizados en Misión Nueva y Tres Palmas, en el departamento Ramón Lista. La protesta había comenzado para exigir mejores condiciones educativas y respuestas a necesidades básicas.
Los detenidos —nueve hombres y nueve mujeres— permanecen alojados en dependencias de Las Lomitas y la ciudad de Formosa. Mientras los reclamos de excarcelación siguen sin una respuesta favorable, familiares y referentes indígenas denuncian que en las comunidades persisten el miedo y la presencia policial.
Avelino Tejada, integrante de una comunidad wichí de Ramón Lista, explicó en Algo está pasando por VLU FM 88.5 que el conflicto se originó por una promesa incumplida del delegado zonal de Educación de María Cristina, Emilio Fernández.
Según relató, el funcionario se había comprometido durante 2025 a gestionar la creación de un anexo educativo para Tres Palmas y comunidades cercanas. La matrícula alcanzaría a unos 75 estudiantes, pero las familias comenzaron el nuevo ciclo lectivo sin novedades ni respuestas oficiales.
“Desde el año pasado se comprometió a crear un anexo para Tres Palmas y las comunidades aledañas. Comenzó este año, los wichís preguntaron y no hubo respuesta, hasta que hicieron el corte”, sostuvo Tejada.
El referente remarcó que esa promesa constituye “la causa original” de la protesta. “¿Por qué están detenidos, por qué están presos? Muchos familiares quedaron acá y hoy no están en sus casas por miedo”, afirmó.
Miedo y presencia policial
Tejada aseguró que después del operativo quedaron policías custodiando la zona y señaló que algunos pobladores evitan regresar a sus viviendas. “Psicológicamente hay miedo ahí”, describió.
También cuestionó la magnitud del despliegue utilizado para desalojar a las familias. Según su testimonio, los agentes llegaron con escudos y armas, mientras que los manifestantes no portaban elementos de ese tipo.
“Cuando hacemos un reclamo justo no cargamos armas. Ellos vinieron con semejantes escudos y armas”, manifestó. Sus afirmaciones representan la versión de las comunidades y contrastan con el parte policial, que informó resistencia durante el procedimiento y dos efectivos lesionados.
El operativo fue ejecutado por efectivos de la Unidad Regional 9, el Grupo Especial, el Destacamento de Desplazamiento Rápido y otras dependencias, en cumplimiento de órdenes del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.
Liberación
Tejada pidió que la Justicia escuche directamente a los habitantes de las comunidades y tenga en cuenta que para muchos de ellos el castellano es una segunda lengua.
“Si el juez quiere comprobar la realidad, tiene que escuchar a cada uno de nosotros y dialogar con los pobladores indígenas”, reclamó. También sostuvo que debe existir una “solución inmediata” y exigió la liberación de los detenidos.
El pedido se suma al pronunciamiento del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Formosa, que calificó las detenciones como “excesivas y abusivas” y advirtió que una Justicia concentrada solamente en el derecho a circular, pero indiferente ante los reclamos por educación, agua potable, energía y condiciones dignas, resulta “pobre y parcializada”.
Las comunidades sostienen que el reclamo se prolongó durante meses sin obtener respuestas. El conflicto terminó con la aplicación del protocolo antipiquetes del Gobierno de Gildo Insfrán, el desalojo policial y 18 originarios encarcelados desde hace 12 días por una protesta que comenzó exigiendo acceso a la educación pública.
