Mientras el Gobierno de Formosa celebra los 30 años del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) como una de las principales herramientas de su política productiva, desde la Federación Agraria Argentina trazaron un panorama completamente diferente sobre lo ocurrido en el campo formoseño durante las últimas tres décadas.
El presidente de la filial Laguna Naineck de la Federación Agraria, Pánfilo Ayala, sostuvo en una entrevista con Algo está pasando por VLU FM 88.5 que el resultado puede sintetizarse como “30 años de retroceso productivo”. Según afirmó, el proceso estuvo acompañado por problemas económicos y sociales y por la pérdida de población en numerosas comunidades rurales.
Ayala aseguró que “desapareció alrededor del 90% de la agricultura que estaba en manos de pequeños productores” y vinculó esa situación con el desarraigo de las familias rurales y la emigración de los jóvenes. El dirigente contrapuso ese escenario con uno de los objetivos históricos atribuidos al PAIPPA: mantener al productor y su familia viviendo y trabajando en su chacra.

Como ejemplo mencionó el retroceso de algunas de las principales producciones históricas de Formosa. De acuerdo con los datos expuestos por Ayala durante la entrevista, el algodón habría pasado de unas 130.000 hectáreas antes de la implementación del modelo a alrededor de 10.000 hectáreas, mientras que también habrían desaparecido unas 30 desmotadoras en el territorio provincial.
El diagnóstico fue todavía más crítico para la producción bananera, característica de Laguna Naineck y el norte provincial. Ayala sostuvo que de unas 12.000 hectáreas cultivadas quedarían actualmente alrededor de 200. También afirmó que unas 2.500 familias de pequeños productores abandonaron la actividad solamente en la zona norte.
La consecuencia puede observarse, según describió, en las propias chacras. “Hoy vemos que en las chacras solo quedan hombres y mujeres muy adultos”, señaló. También afirmó que parte de las herramientas e implementos agrícolas terminaron desarmados o vendidos como chatarra, en un proceso que relacionó directamente con la pérdida de rentabilidad de las pequeñas explotaciones.
Ayala también advirtió sobre otro fenómeno: la venta de tierras que pertenecían a pequeños productores. Según indicó, solamente entre las comunidades de El Paraíso y Palma Sola se habrían vendido más de 1.500 hectáreas que estaban divididas en pequeñas chacras de 10, 20, 30 o 40 hectáreas.

La situación actual de la banana fue otro de los puntos centrales de la entrevista. El dirigente aseguró que “miles y miles de kilogramos de bananas se están pudriendo en la chacra” ante las dificultades para comercializarlas y señaló que las cajas de 21 kilos llegan a venderse a unos $2.000. También mencionó problemas similares con la mandioca y otros cultivos.
El dirigente cuestionó además el alcance de la asistencia oficial. Según planteó, la entrega de pequeñas cantidades de semillas o la compra ocasional de verduras no alcanza para constituir una política de desarrollo productivo. Afirmó además que, cuando el Estado compra la producción, los agricultores pueden esperar entre uno y tres meses para cobrar.
Para Ayala, detrás de la caída productiva aparece un problema estructural: sin rentabilidad resulta imposible incorporar tecnología, renovar maquinaria o sostener a las nuevas generaciones dentro de las chacras. “No hay rentabilidad, no hay sustentabilidad”, resumió, al reclamar políticas públicas que contemplen financiamiento, semillas, clima, comercialización y desarrollo tecnológico.
Así, el aniversario encuentra dos diagnósticos enfrentados. Mientras el Gobierno provincial presenta los 30 años del PAIPPA como una política de arraigo y transformación productiva, la Federación Agraria describe un campo con menos pequeños productores, menos superficie cultivada y una población rural envejecida.
Para Ayala, la discusión debe salir de los actos oficiales y trasladarse al interior provincial: “Vengan y hablen con la gente, vean y escuchen”, planteó al cerrar la entrevista, al insistir en que la realidad de las comunidades rurales se encuentra alejada de la evaluación que realiza el Gobierno sobre el programa.
