El caso del niño de 11 años de Clorinda alcanzó repercusión nacional. Gabriela Arias Uriburu, reconocida por su lucha por los derechos de la infancia y la revinculación familiar, reclamó que el menor sea escuchado antes de que los adultos y las instituciones continúen tomando decisiones sobre su vida.
Por razones vinculadas con la protección de su identidad, este medio no difundirá el nombre ni otros datos que permitan identificar al niño. Arias Uriburu sí lo mencionó en su publicación, difundida a través de sus redes sociales y acompañada por un pedido de intervención a organismos, autoridades y medios de comunicación.
“El caso, en Formosa, nos vuelve a enfrentar con una pregunta: ¿dónde queda el niño cuando todos los adultos comienzan a hablar y decidir sobre su vida?”, planteó la activista, vinculada actualmente a HOWE y al Protocolo de la Infancia.
Arias Uriburu aclaró que no conoce la totalidad del expediente, por lo que consideró que no le corresponde juzgar responsabilidades ni tomar partido por alguna de las partes involucradas. Sin embargo, sostuvo que existe un aspecto central sobre el cual sí puede pronunciarse: el derecho del niño a ser oído.
“Cuando un niño manifiesta miedo, sufrimiento o rechazo hacia el lugar donde está siendo cuidado, su palabra necesita ser recibida en un espacio protegido, por profesionales especializados, y aquello que expresa debe ser debidamente investigado”, señaló.
La referente remarcó que escuchar al menor no implica trasladarle decisiones que corresponden a los adultos, sino reconocerlo como sujeto de derechos. Recordó, además, que esa garantía está contemplada tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en la Ley Nacional 26.061.
El pronunciamiento se conoció luego de que la jueza de Menores de Clorinda, Nadia Soledad Caballero, dispusiera el egreso del niño de una residencia socioeducativa dependiente del Ministerio de la Comunidad, pero otorgara su guarda a la abuela materna sin límite temporal y hasta una nueva decisión judicial.
La medida fue cuestionada por Gabriela Neme, abogada de la madre, quien aseguró que el menor no habría sido escuchado antes de resolverse con quién debía vivir. La letrada también objetó que fuera trasladado a unos 200 kilómetros de su madre y sus hermanas, y anticipó que apelará el fallo.
Frente a ese conflicto, Arias Uriburu evitó pronunciarse sobre la actuación de la jueza, la madre, la abuela o las demás personas involucradas. Su mensaje estuvo concentrado en reclamar una intervención profesional que coloque al niño en el centro del proceso.
“Antes que un expediente, una institución o un conflicto entre adultos, hay un niño”, expresó. Desde HOWE y el Protocolo de la Infancia resumieron esa postura bajo el concepto: “El niño, persona primordial”.
Finalmente, la activista pidió compartir su publicación y convocó a organismos de protección, autoridades, instituciones, periodistas y medios de comunicación. El objetivo, señaló, es que la situación sea atendida con la seriedad y la urgencia que requiere, preservando al menor y garantizando efectivamente su derecho a ser escuchado.
