El Gobierno de la provincia de Formosa denunció formalmente al senador nacional Francisco Paoltroni y al intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, ambos recientemente electos como convencionales constituyentes, por presuntas maniobras ilegales vinculadas a desmontes no autorizados, compra irregular de tierras fiscales y desalojo de comunidades rurales.
La información fue difundida por El Destape, portal dirigido por el periodista Roberto Navarro, conocido por su alineamiento con el oficialismo formoseño y receptor de cuantiosos recursos en concepto de pauta oficial del gobierno de Gildo Insfrán. El uso de este medio para amplificar la denuncia despertó sospechas sobre una posible operación política contra los referentes opositores que ganaron notoriedad en las últimas elecciones provinciales del 29 de junio.
Según lo difundido, el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa afirmó que Paoltroni, empresario agropecuario y titular de la consignataria “Ganaderos de Formosa”, acumula al menos seis sanciones administrativas y multas por más de $3.000 millones, debido a desmontes ilegales ejecutados en localidades del oeste provincial. Entre los casos más destacados figuran 112 hectáreas intervenidas en El Silencio, 479 en San Roque (Subteniente Perín), 586 en Estanislao del Campo y otros desmontes en Bouchard.
Además, se lo vincula con maniobras irregulares en la adquisición de tierras fiscales en la colonia Santa Rosa, cerca de Los Chiriguanos, donde interviene el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales. El gobierno acusa a Paoltroni de operar a través de múltiples firmas agropecuarias como “Agroindustria de Formosa”, “CSI”, “El Divisadero” y otras, lo que le habría permitido concentrar grandes extensiones de tierra y desplazar a familias campesinas.
En paralelo, Atilio Basualdo, jefe comunal de Las Lomitas, enfrenta sanciones por desmontes sin autorización en dos propiedades: 467 hectáreas en Pozo Molina y 192 hectáreas en El Quemado Nuevo. Las multas que se le aplicaron superan los $1.000 millones.
Desde el Gobierno aseguraron que continuarán las investigaciones judiciales y administrativas para “determinar responsabilidades y frenar las prácticas ilegales que afectan al ambiente y a las comunidades rurales”.
