El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa dispuso la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades por la desaparición de un arma secuestrada que se encontraba bajo custodia del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda.
La decisión fue adoptada mediante el expediente N° 4524/26, luego de que la jueza subrogante Mariela Isabel Portales, a cargo del Juzgado N°2, remitiera un informe acompañado por un reporte de la Secretaría del juzgado en el que se advirtió la falta de un arma que formaba parte de los elementos secuestrados en esa dependencia judicial.
Ante la gravedad de la situación, el máximo tribunal provincial resolvió instruir un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y designó como instructor al Dr. Hugo César Chamorro. Paralelamente, desde el propio juzgado se dio intervención al Ministerio Público Fiscal mediante un expediente interno para que evalúe la posible comisión de un delito penal.
El nuevo episodio vuelve a colocar en el centro de la escena al Juzgado de Instrucción N° 1 de Clorinda, una dependencia que arrastra antecedentes por graves irregularidades vinculadas precisamente con la custodia de armas judicializadas.
En mayo de 2024, ese juzgado ya había sido escenario de un escándalo tras la desaparición de varias armas de fuego que estaban bajo custodia judicial. La investigación derivó en allanamientos, detenciones e imputaciones contra empleados judiciales.
De acuerdo con información que trascendió pese al hermetismo que rodea la investigación, tambíen de la jueza Portales, por el robo de armas continúa avanzando se realizaron allanamientos y detenciones de personas sospechadas de integrar el circuito mediante el cual las armas habrían salido del edificio judicial para luego ser acondicionadas y comercializadas de manera ilegal.
La pesquisa apuntó a empleados judiciales que habrían extraído las armas de la oficina donde permanecían bajo custodia, ya que los investigadores consideran que la maniobra no podría haberse concretado sin la participación de personal con acceso a los secuestros judiciales.
Las imputaciones actuales incluyen delitos vinculados al hurto y al encubrimiento, aunque no se descarta que la calificación pueda agravarse si se comprueba la existencia de una organización integrada por varias personas.
Según surgió durante la investigación, las armas sustraídas formaban parte de una colección privada secuestrada judicialmente, a la que se sumaban decenas de cuchillos y varias espadas. Además, la causa también investiga la desaparición de cinco armas reglamentarias pertenecientes a la Policía de la Provincia de Formosa, que igualmente se encontraban bajo resguardo en el mismo juzgado.
Como consecuencia de aquellos hechos, el STJ suspendió preventivamente al secretario del juzgado y a un empleado judicial, además de ordenar un sumario administrativo.
En esa resolución, el máximo tribunal recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los secretarios son responsables de la custodia de expedientes, documentos y bienes secuestrados, siendo pasibles de sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.
Las consecuencias institucionales de aquella causa alcanzaron posteriormente al entonces titular del juzgado, Julio Raúl Mauriño. En marzo de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió suspenderlo de sus funciones y avanzar con un proceso de jury que podría culminar con su destitución.
Si bien el expediente contra Mauriño se inició por una denuncia por violencia laboral, durante la investigación se incorporaron otros cargos, entre ellos la desaparición de armas bajo custodia judicial y demoras injustificadas en la tramitación de expedientes, elementos que fueron considerados suficientes para impulsar el proceso de enjuiciamiento.
El sumario administrativo ordenado por el STJ buscará establecer cómo se produjo el nuevo faltante y si existen responsabilidades funcionales, mientras la investigación penal procura esclarecer si se trata de un hecho aislado o de una continuidad de las maniobras que ya fueron detectadas en esa dependencia judicial.
