La Cámara Federal de Resistencia revocó la medida precautelar que impedía a cuatro consiliarios participar de las sesiones del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), en el marco de una disputa interna que llegó a la Justicia Federal.
El fallo fue dictado el 18 de septiembre por las juezas Patricia Beatriz García, María Virginia Ise y Rocío Alcalá, quienes hicieron lugar al recurso de apelación presentado por la UNaF contra una resolución del Juzgado Federal N°1 de Formosa.
La medida de primera instancia había sido dictada el 21 de agosto y ordenaba suspender la participación de Guillén, Portocarrero Curay, Arrúa y Cáceres en una sesión extraordinaria convocada para ese mismo día y en cualquier otra sesión ordinaria o extraordinaria mientras se resolvía la cautelar solicitada, por un plazo máximo de 30 días.
El planteo había sido impulsado por un grupo de integrantes del Consejo Superior, entre ellos Carlos Aníbal Martínez, María Rosa Sanabria, Alfredo Rafael Olmedo, Zulma Carmen Ayala, Ignacio Alberto Báez, Jorge Daniel Hotesen, Carla Aldana Ibarra, Karim Oscar Naser, Mario Gabriel Orlandi y María de las Mercedes Santa Cruz.
La controversia forma parte de la disputa que atraviesa desde hace tiempo al gobierno de la Universidad, con presentaciones administrativas y judiciales vinculadas a la integración y funcionamiento del Consejo Superior.
En este caso, los demandantes sostenían que los cuatro integrantes cuestionados habían perdido su condición de consiliarios y que permitirles participar comprometía la legitimidad del cuerpo. También habían planteado supuestas irregularidades en los procedimientos de convocatoria y funcionamiento de los órganos universitarios.
Consiliarios
Al revisar la decisión de primera instancia, la Cámara puso el foco en un aspecto central: la pérdida de la condición de consiliarios no se encuentra acreditada en el expediente.
El Tribunal señaló que las denuncias por pérdida de la condición docente e incompatibilidad funcional habían sido presentadas ante el Consejo Superior y el Rectorado. Sin embargo, consideró que suspender a integrantes de un órgano de gobierno universitario exige elementos suficientes que acrediten esa situación.
“No obra acreditado en autos la pérdida efectiva de la condición de Consiliarios de los nombrados”, sostuvo la Cámara. Añadió que los cuestionamientos planteados requieren “mayor debate y prueba”, algo que excede el análisis correspondiente a una medida precautelar.
Para las camaristas, adoptar en esta etapa una decisión que impidiera a los cuatro miembros ejercer sus funciones sería “una decisión prematura” que podría afectar el normal funcionamiento del Consejo Superior.
Los planteos
La Cámara también reparó en que el orden del día de la sesión extraordinaria incluía precisamente expedientes relacionados con planteos de incompatibilidad, intervención preventiva y solicitudes de declaración de vacancia.
Es decir, el Consejo Superior había sido convocado para tratar, entre otros asuntos, cuestiones vinculadas con la continuidad de los integrantes cuestionados. Según el Tribunal, esas circunstancias todavía no estaban comprobadas ni habían sido decididas por las autoridades competentes mediante el procedimiento correspondiente.
El fallo también tuvo en cuenta las resoluciones de la Junta Electoral Permanente de la UNaF por las cuales esos integrantes venían desempeñándose como miembros del Consejo. La Cámara señaló que esos actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria mientras no exista una decisión que establezca lo contrario.
En ese marco, el Tribunal sostuvo que los hechos denunciados requieren un análisis más amplio y producción de pruebas, cuestiones que deberán abordarse cuando se resuelva la cautelar y, posteriormente, el fondo de la controversia.
Primera instancia
La Cámara resolvió hacer lugar a la apelación de la Universidad, revocar la resolución del 21 de agosto y rechazar la medida precautelar solicitada el 20 de agosto.
Con la decisión, los cuatro consiliarios cuestionados no quedan alcanzados por aquella prohibición provisoria de participar de las sesiones, mientras continúa la discusión judicial sobre los planteos formulados en su contra.
El Tribunal de Apelación dirigió al juez Federal, Pablo Morán, una serie de recomendaciones y directivas, entre las que subrayó que, en lo sucesivo, deberá adoptar una mayor severidad en la apreciación de las constancias de la causa con carácter previo a una decisión de esta naturaleza, respetar los carriles institucionales propios de la Universidad, exhortándolo a “no interferir” en los procesos internos de la U.Na.F.
La resolución representa un nuevo capítulo de la disputa por la integración del Consejo Superior de la UNaF, pero no resuelve definitivamente la cuestión de fondo ni determina la validez final de las denuncias formuladas. La propia Cámara dejó establecido que esos puntos requieren mayor debate y prueba y deberán ser analizados en las siguientes etapas del proceso.
