Ni un ciberataque que puso patas para arriba la gestión del Gobierno provincial pudo con el modo oscuro de comunicar por parte de la administración de Gildo Insfrán: un relato oficial parcial que intenta maquillar el grave impacto que todavía sufren los organismos públicos, los empleados y formoseños.
El mismo miércoles 4 de noviembre el Gobierno anunció que avanzaba la recuperación de los sistemas provinciales, su Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo comunicó que había suspendido los plazos administrativos.
Las dos placas oficiales exponen lo que el parte del Ejecutivo deja fuera: mientras el Gobierno describe la normalización como “progresiva, segura y controlada”, son los propios organismos los que explican a pacientes, afiliados y contribuyentes qué servicios dejaron de funcionar y qué trámites siguen restringidos.
El ciberataque ocurrió en la madrugada del sábado 31 de octubre. El Gobierno tardó unas 15 horas en comunicarlo. Cuatro días después, informó que sus técnicos habían restaurado “gran parte de los datos” de los sistemas centrales y que todavía hacían pruebas para ponerlos en línea a cargo de la UPSTI, que tiene a Lucas Vicente como titular.
El parte no identificó qué sistemas habían vuelto a funcionar ni cuándo se recuperarían los restantes. Tampoco respondió la pregunta más grave: si alguien pudo acceder a los datos personales de los formoseños o copiarlos. Recuperar archivos no permite, por sí solo, descartar esa posibilidad.
Hospitales
El Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” informó el lunes 2 que mantenía la atención, pero advirtió que, por los inconvenientes en sus sistemas digitales, “algunos procesos pueden presentar demoras”. Al día siguiente, el Hospital Interdistrital Evita reconoció fallas en sus herramientas informáticas y pidió comprensión a la comunidad ante “posibles demoras o dificultades administrativas”.
Ambos hospitales sostuvieron las prestaciones de salud. Lo que sus avisos pusieron de manifiesto fue la dificultad del personal para trabajar con sus herramientas habituales. Para los pacientes, la advertencia era concreta: podían concurrir, aunque parte de la atención administrativa podía demorarse. El parte provincial del miércoles no aclaró si los hospitales ya habían recuperado esas herramientas.
ATP y REFSA
La Administración Tributaria Provincial (ATP), cuyo sitio seguía sin operar, prorrogó hasta el martes 10 de noviembre el pago de las obligaciones tributarias con vencimiento entre el 1 y el 6 inclusive. La resolución, firmada por su titular, Gustavo Maximiliano López Peña, dio a contribuyentes y contadores una nueva fecha ante la caída de los servicios del fisco.
En REFSA, los usuarios no pueden retirar sus facturas de electricidad ni pagarlas, tampoco a través del sistema. La distribuidora no informó un procedimiento alternativo ni explicó qué ocurrirá con las boletas que venzan durante la interrupción. La prórroga tributaria dispuesta por la ATP no abarca las facturas de luz.
El Ministerio de Gobierno, por su parte, suspendió mediante la Resolución 833/2026 los plazos administrativos de su cartera y sus dependencias desde las 0 del 3 de noviembre hasta las 0 del 7. El IASEP anunció el cierre de sus delegaciones del interior y de dos anexos de la capital, y concentró la atención en Moreno 1170.
La Universidad Provincial de Laguna Blanca comunicó la caída del SIU Guaraní, el aula virtual y su sitio web. En Educación, el SIGEF volvió con funciones limitadas: quienes usaban el correo oficial no podían recibir el código de ingreso.
Sin respuestas
Ninguno de esos avisos responde por el alcance del ataque. El Ejecutivo no precisó qué información de los ciudadanos pudo quedar expuesta, si los técnicos lograron determinar quién accedió a ella o si esa investigación sigue abierta. Tampoco informó si se revisaron movimientos de fondos públicos para establecer si hubo un robo, ni si la Provincia presentó una denuncia penal.
El silencio oficial no prueba una filtración ni una sustracción de dinero. Lo que sí muestran las placas es qué parte del impacto queda oculta en el informe de la administración de Insfrán: el Gobierno comunica lo que logró restaurar, mientras deja a cada organismo la tarea de advertir qué sigue sin funcionar. Y a los ciudadanos cuyos datos custodia el Estado todavía les debe la respuesta principal: si su información quedó expuesta y qué pudo comprobar la Provincia hasta ahora.
