La distancia entre Formosa y Santa Fe no solo se mide en kilómetros, también en la calidad democrática de sus procesos institucionales. Ambas provincias están atravesando reformas constitucionales, pero con métodos diametralmente opuestos. Así lo expuso en Algo está Pasando la exconcejal y actual funcionaria del gobierno de Santa Fe, Celeste Ruíz Díaz, al describir un modelo de apertura, participación y pluralidad frente al secretismo con que se maneja la Convención Constituyente en Formosa.
“Acá, en Santa Fe, cada paso de la reforma es público. Las comisiones trabajan a puertas abiertas, hay audiencias públicas, y se transmite todo por YouTube y canales locales. Cualquier ciudadano puede presentar propuestas y defenderlas”, explicó Ruíz Díaz, quien reside en Rosario. Allí, el debate sobre la autonomía municipal, los nuevos derechos, el ordenamiento territorial y la participación ciudadana atraviesa todas las capas sociales, desde el Concejo Deliberante hasta los bares del centro.
El contraste con Formosa es abismal. En la provincia gobernada por Gildo Insfrán, no hay información oficial sobre el trabajo en comisiones, no se habilitan audiencias públicas ni mecanismos de participación para ciudadanos u organizaciones, y las únicas sesiones que se transmiten son los plenarios. Ni siquiera los convencionales de la oposición tienen acceso a las discusiones de fondo.
Mientras tanto, ciudadanos que intentan presentar notas, como sucedió esta semana con un referente indígena, son literalmente ignorados o demorados durante horas porque “no saben qué hacer con la nota”.
Además, en la primera sesión plenaria de la Convención en Formosa, la transmisión oficial evitó mostrar en primer plano a los convencionales opositores, una actitud que recién se corrigió en la segunda sesión. También se evidenció un manejo discrecional del reglamento: la presidenta de la Convención, Graciela de la Rosa, aplica las normas con severidad hacia los opositores, mientras que otorga total flexibilidad a los miembros de su propio partido.
Santa Fe no solo difunde cada paso del proceso: lo fomenta activamente. Se recepcionaron más de 700 iniciativas, de las cuales el 87% provienen de vecinos, organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudios o colegios profesionales. Solo el 13% restante pertenece a partidos políticos o convencionales constituyentes. “Cada comisión tuvo su audiencia pública y convocó a quienes presentaron proyectos para defenderlos en persona. Es un verdadero ejercicio de ciudadanía”, detalló Ruíz Díaz.
El proceso formoseño, en cambio, nació bajo sospecha. La convocatoria fue apresurada, sin debate previo ni consenso político. “Insfrán convocó esta Convención para burlar un fallo de la Corte Suprema que limitó la reelección indefinida. Lo hizo entre gallos y medianoche para escribir una Constitución a su medida”, denunció la ex concejal formoseña. Desde el oficialismo, incluso se aprobó una declaración que califica de “traidores a Formosa” a quienes pidan la intervención federal por el proceso reformista.
El contraste entre ambos modelos no deja lugar a dudas. Mientras Santa Fe se esfuerza por actualizar su Constitución de más de 60 años mediante una construcción plural y democrática, Formosa parece embarcada en una reescritura solitaria y excluyente, donde la voluntad del gobernador pesa más que la voz de los ciudadanos.
La reforma constitucional debería ser una oportunidad para ampliar derechos, modernizar el Estado y fortalecer la democracia. En Santa Fe lo entendieron así. En Formosa, por el contrario, se insiste en preservar un poder perpetuo a costa de la participación y la legalidad.
