La Legislatura de Formosa cumple este viernes 50 días sin sesiones y sin actividad en sus comisiones, una paralización que se extiende desde el 25 de junio y que continuó incluso después de finalizado el receso invernal.
La falta de funcionamiento fue advertida una semana atrás por el diputado radical Juan Carlos Amarilla. Sin embargo, desde entonces no hubo señales de reactivación: no se convocó a los legisladores, no se reunió Labor Parlamentaria y tampoco se retomó el análisis de proyectos en las comisiones.
La diputada provincial de la UCR Ana Costa Ankenbrand confirmó este jueves 13 de agosto, en declaraciones al programa Algo está pasando por VLU FM 88.5, que su bloque continúa sin recibir una convocatoria formal.
“Nosotros no tenemos la convocatoria. No depende particularmente de nuestro bloque; la convocatoria se hace a través de la Legislatura y, en este caso, del bloque mayoritario”, explicó la legisladora.
Costa Ankenbrand reconoció que el receso invernal estaba contemplado, pero advirtió que la inactividad se extendió más allá de ese plazo. “No hubo convocatoria para hoy. Espero que la próxima semana la tengamos”, señaló.
La diputada también cuestionó que la falta de asuntos para tratar pueda utilizarse como explicación para mantener cerrada la Cámara. “La ausencia de temas no es realmente una cuestión que hoy por hoy tengamos para explicar que esté tanto tiempo detenida la actividad en la Legislatura”, afirmó.
Una Legislatura cerrada
La paralización ocurre mientras se encuentra vigente el período de sesiones ordinarias. El artículo 133 de la Constitución provincial reformada en 2025 establece que la Cámara debe reunirse desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. La misma norma dispone que el cuerpo abre sus sesiones por sí mismo, sin depender de una convocatoria extraordinaria del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, no existe actualmente un receso constitucional que justifique 50 días consecutivos sin actividad parlamentaria. Aunque el calendario contempla una pausa invernal, ese período terminó y la Cámara continúa sin sesionar ni poner en funcionamiento sus comisiones. La decisión es política.
La responsabilidad institucional recae principalmente sobre el vicegobernador Eber Solís, quien, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución, es el presidente nato de la Legislatura. Es la máxima autoridad del cuerpo y tiene bajo su conducción el funcionamiento administrativo y parlamentario de la Cámara.
Solis tiene su agenda repleta de fiestas, aniversarios de pueblo y controlar la tropa gildista en el interior.
También aparece bajo la lupa Armando Felipe Cabrera, presidente provisional y segunda autoridad legislativa, encargado de reemplazar a Solís cuando este se encuentra ausente o impedido. A ellos se suma Agustín Samaniego, vicepresidente primero y jefe político de la bancada justicialista, quien debería promover dentro del bloque mayoritario la convocatoria y el tratamiento de los asuntos pendientes.
Por otro lado, la oposición no parece mostrarse incomoda con el receso ya que no promueve mecanismos institucionales o sociales para mostrar la inacción de uno de los sostenes de la democracia.
La mayoría que decide
El Partido Justicialista y sus aliados cuentan con 22 de las 30 bancas, una mayoría suficiente para garantizar el quorum, aprobar el temario y definir el ritmo de trabajo. Por esa razón, la ausencia de sesiones no puede atribuirse a la oposición: el oficialismo posee por sí solo los votos y los legisladores necesarios para abrir el recinto.
En el plano político, la responsabilidad alcanza al gobernador Gildo Insfrán, jefe del oficialismo provincial y principal conductor del PJ formoseño. Aunque el mandatario no tiene a su cargo la convocatoria de las sesiones ordinarias, mantiene el control político de la bancada mayoritaria y de las autoridades que conducen la Cámara.
La Legislatura provincial sostiene, además, una estructura de 1.867 cargos: 517 empleados permanentes y 1.350 temporarios. Pese a esa planta y a los 30 diputados que integran el cuerpo, durante los últimos 50 días no hubo sesiones, dictámenes de comisión ni debates públicos sobre los problemas de la provincia.
La parálisis no solamente demora la sanción de leyes. También anula una de las principales funciones del Poder Legislativo: controlar al Ejecutivo, pedir informes, convocar a funcionarios y discutir públicamente el destino de los recursos provinciales. Aunque en los hechos, tampoco lo hace.
Mientras el oficialismo no formalice una nueva convocatoria, la Cámara de Diputados seguirá cerrada en los hechos. El período ordinario continúa, los legisladores conservan sus cargos y la estructura permanece activa, pero el recinto y las comisiones llevan 50 días sin cumplir su función institucional.
