El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó su actualización anual del Ranking de Eficacia Político-Criminal de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, y Formosa quedó nuevamente fuera de la medición por carecer de información suficiente para evaluar el desempeño de su fiscalía.
Junto a Misiones y San Juan, Formosa integra el grupo de jurisdicciones que no pudieron ser incluidas en el ranking 2023, que mide qué proporción de casos penales reciben una respuesta de calidad por parte de las fiscalías en todo el país.
El informe señala que Formosa es una de las cuatro provincias argentinas que aún mantienen sistemas procesales “inquisitivos” o “mixtos”, considerados obsoletos y contrarios a los estándares constitucionales modernos. En estos sistemas, las fiscalías actúan como “meros auxiliares” del juez instructor, quien concentra las facultades de investigar y juzgar.
“En ambos casos [Formosa y Misiones], se recibió información parcial, que impide medir la capacidad de respuesta de sus fiscalías en términos generales“, advierte el documento elaborado por el equipo dirigido por Alberto Binder. La limitación informativa no es casual: responde a la vigencia de un sistema inconstitucional que relega a las fiscalías a un rol secundario.
Mientras Formosa permanece en las sombras estadísticas, el ranking nacional exhibe resultados alarmantes pero medibles. Chaco encabeza el listado con una tasa de eficacia del 16,66%, seguido por Jujuy (14,26%) y Neuquén (13,08%). En el otro extremo, San Luis apenas alcanza el 1,32% de casos resueltos con respuestas de calidad.
La “tasa básica de eficacia político-criminal” mide cuántos casos penales que ingresan a un Ministerio Público Fiscal reciben alguna respuesta sustantiva: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. Los datos revelan que, en promedio, entre el 80% y el 99% de los casos penales en Argentina quedan sin ningún tipo de respuesta, una cifra que expone la profunda crisis de los sistemas de justicia penal del país.
Más allá de Formosa, el informe denuncia un preocupante “apagón informativo” en otras provincias. Tucumán lleva 4 años sin entregar información, mientras que Córdoba y Santiago del Estero acumulan 2 años de silencio total, pese a contar con sistemas acusatorios consolidados.
“Esta falta de transparencia activa (no publicar) y pasiva (no responder pedidos de acceso a la información) es una grave violación al derecho a la información pública reconocido en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, sostiene categóricamente el INECIP.
El estudio revela que apenas 4 de los 25 Ministerios Públicos Fiscales del país —el 16%— cuentan con algún tipo de planificación pública de su política de persecución penal. Esto significa que ni los integrantes del sistema judicial ni las víctimas de delitos saben qué criterio se utiliza para decidir cuáles casos recibirán atención.
“Sin planificación, esa inevitable selección de casos tiene resultados ineficaces”, advierte el informe. La ausencia de estrategias claras lleva a que las fiscalías actúen “en forma intuitiva, persiguiendo casos sin un rumbo claro, sin objetivos, y sin una priorización que permita asignar estratégicamente los limitados recursos disponibles”.
