Un informe de Argentinos por la Educación reveló que el 52% de los alumnos formoseños que comenzó primer grado en 2020 llegó a sexto en 2025 sin sobreedad y con conocimientos satisfactorios en Lengua y Matemática. La provincia superó levemente el promedio nacional y alcanzó su mejor registro de la última década, aunque casi la mitad de los estudiantes quedó fuera de esos parámetros.
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La diputada provincial (UCR), Agostina Villaggi, denunció un “claro caso de adoctrinamiento político” en una escuela privada de Formosa al enseñar “el modelo formoseño” como parte de una clase de 4° Grado.
La medida de fuerza coincidió con el regreso a las aulas tras el receso invernal.
Desde el gremio aseguraron que la adhesión fue importante en escuelas de Capital y del interior.
Reclaman una recomposición salarial y marcharon hacia Casa de Gobierno.
La diputada radical Carla Zaiser impulsó un proyecto para regularizar cargos docentes y directivos en instituciones intervenidas, pero el oficialismo rechazó su tratamiento y dejó sin efecto el debate en la Legislatura provincial.
El diputado provincial Rodrigo Vera defendió en VLU FM 88.5 la norma aprobada en consenso con la UCR, que establece restricciones por nivel educativo y pone el foco en la salud de los niños. También fue categórico al responder a quienes votaron en contra: “Más bajo que eso hay petróleo.”
La Cámara de Diputados provincial sancionó la normativa que prohíbe los teléfonos en el aula durante el horario de clases en todos los niveles educativos. El oficialismo y los radicales se impusieron ante la negativa del bloque de La Libertad Avanza. El ex libertario López Tozzi volvió a ausentarse.
Quedó definido el texto del proyecto que limita el uso en las aulas para secundaria. Prohíbe su uso en inicial y primaria dentro de las escuelas. La norma incluye capacitación docente y excepciones para estudiantes con discapacidad.
La secretaria general de Docentes Autoconvocados, Mirka Fernández, denunció la precariedad del sistema educativo en Formosa y la falta de paritarias docentes. “Hace décadas que los docentes organizamos actividades solidarias para suplir lo que el Estado no garantiza”.
El Gobierno hizo oficial esta decisión mediante la publicación de los decretos 1084/2024 y 1086/2024. Además, estableció un plazo de 10 años desde el fallecimiento de la persona a homenajear para que un edificio pueda llevar su nombre.