La Legislatura de la Provincia de Formosa aprobó este jueves el proyecto de ley que regula el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos móviles en todos los establecimientos educativos de la provincia, tanto de gestión estatal como privada.
La norma, impulsada por el oficialismo del Partido Justicialista —conducido por el gobernador Gildo Insfrán— y por bloque de la Unión Cívica Radical, fue rechazada en bloque por los diputados de La Libertad Avanza, que cuestionaron el alcance de la intervención estatal en la dinámica escolar.
La sesión tuvo además un dato llamativo: el ex libertario Esteban López Tozzi volvió a ausentarse, acumulando otra inasistencia en una jornada legislativa de relevancia para la provincia.
La nueva normativa establece un esquema diferenciado según el nivel educativo. En el nivel inicial y primario, la restricción es total: los alumnos directamente no podrán ingresar con celulares ni dispositivos similares al establecimiento, salvo autorización excepcional de las autoridades escolares por razones debidamente justificadas.
Para el nivel secundario, la ley es algo más flexible: los estudiantes podrán llevar sus dispositivos a la escuela, pero durante las horas de clase deberán mantenerlos guardados, fuera de la vista y del alcance. Solo podrán usarlos cuando el docente lo indique expresamente con fines pedagógicos dentro de actividades curriculares planificadas. El uso en recreos y espacios comunes quedará regulado por cada escuela a través de acuerdos de convivencia elaborados con participación de toda la comunidad educativa.
La ley también contempla excepciones para estudiantes con discapacidad o condiciones de salud que requieran dispositivos como herramienta de apoyo, comunicación o asistencia médica, previo acuerdo entre las autoridades escolares y la familia.
Entre los puntos destacados figura además la obligación del Estado provincial de desarrollar campañas de sensibilización sobre el uso excesivo de pantallas, capacitación docente específica y protocolos de prevención del ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes, discursos de odio y ludopatía digital.
Los informantes del proyecto fueron los diputados Ana Cristina Costa Ankenbrand y Rodrigo Emmanuel Vera, quienes sostuvieron que la norma apunta a “promover un entorno pedagógico adecuado, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y resguardar la convivencia escolar”.
Las posiciones en el recinto
Desde el oficialismo y la UCR se reivindicó la ley como una respuesta necesaria ante la evidencia creciente de los efectos negativos del uso indiscriminado de pantallas en el aula. Argumentaron que la regulación no implica una prohibición absoluta sino un ordenamiento del uso de la tecnología en función del aprendizaje.
El bloque de La Libertad Avanza se opuso frontalmente. Sus legisladores cuestionaron que sea el Estado quien dicte las condiciones del uso de dispositivos en las escuelas, en lo que describieron como una intervención excesiva que avanza sobre la autonomía de las familias y las instituciones.
La reglamentación, a cargo del Ministerio de Cultura y Educación provincial, deberá dictarse en un plazo máximo de 90 días desde la promulgación de la ley.
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