La diputada provincial de la UCR, Carla Zaiser, presentó un proyecto de ley orientado a regularizar la situación de cargos docentes y directivos en escuelas intervenidas del sistema educativo formoseño. La iniciativa, sin embargo, no logró avanzar tras el rechazo del bloque oficialista.
El proyecto planteaba la necesidad de adecuar estas designaciones al Estatuto Docente vigente, en un contexto donde diversas instituciones continúan funcionando bajo figuras excepcionales como “organizadores” o “normalizadores”. Según argumentó la legisladora, estas modalidades —de carácter transitorio— se han extendido en el tiempo sin cumplir con los mecanismos legales establecidos para la cobertura de cargos.
Zaiser advirtió que esta práctica vulnera principios básicos como la legalidad, la estabilidad laboral docente, la carrera administrativa y la transparencia en el acceso a la función pública. En ese sentido, remarcó que el ingreso a cargos debe realizarse mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, tal como lo establece la normativa vigente.
La iniciativa también señalaba que la falta de convocatorias a concursos configura una omisión por parte del Estado provincial, y proponía un esquema de regularización inmediata. Entre sus puntos centrales, fijaba un plazo máximo de seis meses para resolver la situación de los cargos ocupados bajo estas figuras excepcionales, junto con la obligación del Ministerio de Cultura y Educación de convocar a los concursos correspondientes.
Además, el proyecto contemplaba la creación de una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del sector docente, supervisión educativa y el Poder Legislativo, con el objetivo de monitorear el proceso. También establecía la publicación de informes trimestrales para garantizar la transparencia en la implementación de la medida.
Pese a los argumentos expuestos por la autora, el gildismo votó en contra del tratamiento del proyecto, lo que impidió su avance y clausuró la discusión parlamentaria sobre la normalización de cargos en escuelas intervenidas. La decisión deja sin cambios el esquema actual y mantiene el uso de designaciones excepcionales en el sistema educativo provincial.
