La disputa política alrededor del senador nacional Francisco Paoltroni escaló este domingo al Congreso. El bloque Justicialista del Senado salió a responder al respaldo público que legisladores de La Libertad Avanza brindaron al formoseño y rechazó categóricamente las denuncias sobre una supuesta persecución política y económica en Formosa.
El pronunciamiento adquiere además un fuerte componente provincial: el formoseño José Mayans preside el interbloque de Unión por la Patria en el Senado, mientras que Teresa González también representa a Formosa dentro del espacio justicialista. La respuesta llegó luego de que el bloque libertario difundiera un video encabezado por Patricia Bullrich en apoyo a Paoltroni.
“Paoltroni solo busca victimizarse y apela a una burda operación mediática”, sostiene el título del comunicado. Desde el bloque afirmaron que se ven “en la obligación de desmentir categóricamente la existencia de cualquier tipo de ‘persecución política’ o ‘ahogo económico’ dirigido contra su persona o sus empresas”.
Los senadores peronistas sostuvieron que detrás de la denuncia política existe “una realidad estrictamente comercial y de pésima gestión corporativa” y concentraron su respuesta en la situación financiera de Ganaderos de Formosa SRL, una de las firmas vinculadas al legislador.
Según los datos consignados en el documento, atribuidos a registros del Banco Central, Ganaderos de Formosa acumula una deuda bancaria de $10.128 millones con distintas entidades financieras y registra dos cheques rechazados sin fondos por un total de $20 millones.
“Pretender trasladar al Estado provincial la responsabilidad por el descalabro financiero y la cesación de pagos de una firma privada constituye una falta absoluta de honestidad comercial”, cuestionó el bloque Justicialista.
El comunicado también respondió a las declaraciones de Paoltroni sobre haber recibido “siete embargos de AFIP en apenas tres días”. El PJ sostuvo que esa afirmación entra en contradicción con la acusación contra el Gobierno formoseño porque el organismo recaudador —actual ARCA— depende del Estado nacional y no de la administración provincial.
El bloque también defendió los controles provinciales sobre el transporte y movimiento de hacienda, luego de que Paoltroni cuestionara fiscalizaciones vehiculares, pesajes en manga y exigencias vinculadas al tránsito ganadero. Según el comunicado, se trata de “normativas de control rutinarias” destinadas a resguardar la legalidad fiscal y el estatus sanitario de la ganadería formoseña, y acusó al senador de pretender presentar esos procedimientos como parte de un supuesto “hostigamiento”.
En otro de los puntos más duros, los senadores justicialistas cuestionaron que Paoltroni utilice su banca para denunciar esas actuaciones y remarcaron que “ocupar un cargo legislativo no le otorga inmunidad comercial ni el derecho a evadir las inspecciones comunes”. Además, aseguraron que hasta el momento el legislador “no ha exhibido un solo número de expediente, resolución administrativa o fallo judicial” que, según la posición expresada por el bloque, permita acreditar las denuncias de “multas inventadas” o “aprietes”.
Hacia el cierre, el comunicado señaló que no celebran el cierre de empresas por el impacto que puede generar sobre los puestos de trabajo, pero insistió en que las normas deben aplicarse de igual manera. “Ocupar una banca en el Congreso de la Nación no otorga impunidad comercial ni exime a nadie de pagar sus deudas, honrar sus cheques y cumplir con los controles sanitarios y fiscales vigentes”, concluyó el bloque.
De esta manera, la controversia que comenzó con la situación empresarial de Paoltroni terminó trasladándose directamente al Senado, con los dos principales bloques enfrentados. Mientras La Libertad Avanza denunció una persecución contra el legislador y aseguró que “Formosa no es propiedad de ningún dirigente”, el justicialismo respondió que Paoltroni intenta convertir una crisis financiera privada en una denuncia política contra el Gobierno provincial.
