La nueva estructura curricular del nivel secundario abrió un conflicto inesperado para el Gobierno provincial dentro de su propia base docente. Profesores y directivos pertenecientes a sectores gremiales que durante años acompañaron políticamente el denominado “Modelo Formoseño” ahora advierten que la reforma puede dejar trabajadores sin horas, reducir salarios y profundizar la inestabilidad de los interinos, a 14 años de la última titularización.
El planteo quedó registrado en un documento fechado el 5 de agosto, al que accedió Algo está pasando, elaborado después de una reunión con directores de escuelas secundarias de la ciudad. El origen político del reclamo resulta significativo: no proviene de gremios enfrentados históricamente con el Gobierno, sino de sectores docentes identificados y cercanos al oficialismo provincial.
El malestar ya no se limita al contenido de la reforma. Los docentes están desilusionados por el trato recibido desde el propio Ministerio de Cultura y Educación, por la falta de respuestas y por la manera en que se están imponiendo los cambios en las escuelas.
Pérdida de horas y salarios
El punto más grave aparece expresamente asentado en el documento: tres directores informaron casos de docentes notificados por la pérdida de horas cátedra y la consecuente reducción salarial.
La situación encendió las alarmas porque la reorganización de modalidades, materias y cargas horarias podría extender el problema a otros profesores, especialmente interinos.
El escrito advierte sobre “vacíos normativos”, inestabilidad de las plantas funcionales, falta de previsión y sistemáticas irregularidades en la comunicación de la Dirección de Educación Secundaria (DES).
Los directivos denuncian, además, que reciben cambios de instrucciones y modificaciones de planillas mediante WhatsApp, sin el respaldo de instrumentos administrativos que les otorguen seguridad para tomar decisiones que afectan directamente la situación laboral de los docentes.
Por eso reclaman una resolución que respalde la reestructuración, un instructivo único, la identificación formal de los responsables de conducir el proceso y una mesa urgente entre la Dirección de Secundaria, directivos y representantes gremiales.
Aráoz y Pastor
La crisis también expuso el deterioro de la relación con la conducción educativa. Desde estos sectores sostienen que el ministro Julio Aráoz no recibe a los gremios pese a los pedidos realizados para discutir la reforma y otros problemas del sistema.
“Son un gasto” le habría transmitido a referentes gremiales del oficialismo y hasta avanzo en el recorte de licencias gremiales para “militantes del modelo”.
Los cuestionamientos también alcanzan a la Directora de Planeamiento Educativo,Patricia Pastor, a quien señalan por su influencia en la conducción de la reestructuración y por la forma en que se instrumentan las decisiones desde el nivel secundario: “nunca piso un aula”, cuestionaron los directores en la reunión.
Pero el documento va todavía más lejos. Los directores dejaron asentado que se sienten “vulnerados, desvalorizados e intimidados” por autoridades y técnicos de la Dirección de Educación Secundaria y denunciaron maltrato verbal e ironías sobre sus conocimientos, capacidad y trayectoria.
Que semejante planteo provenga de sectores docentes cercanos al oficialismo convierte el problema educativo también en un conflicto político interno: quienes acompañaron al Gobierno ahora reclaman ser escuchados por una administración a la que respaldaron.
El temor central es laboral. Los gremialistas reclaman eliminar los “interinatos a término”, respetar el Estatuto Docente y avanzar urgentemente con una titularización que otorgue estabilidad antes de continuar profundizando los cambios.
La discusión además coloca frente al Gobierno una definición política que los propios docentes recuerdan: “Nadie debe quedar afuera”, la garantía atribuida al gobernador Gildo Insfrán frente a la reestructuración.
El documento sostiene que actualmente ocurre lo contrario: existen profesores que pierden horas y salarios mientras las escuelas todavía reclaman conocer con precisión las normas que deben aplicar.
La conclusión del escrito es contundente. Los propios sectores gremiales hablan de “improvisación, vacíos normativos y falencias graves en la gestión de la comunicación oficial”, además de una transferencia de responsabilidades hacia los equipos directivos y una precarización de los docentes.
La reforma que debía reorganizar el secundario terminó así abriendo un frente dentro de un sector que el Gobierno consideraba propio: profesores y directivos que acompañan al modelo de Insfrán y que ahora advierten que pueden ser ellos mismos quienes paguen el costo laboral de la reestructuración.
