A una semana de la publicación del informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), por parte de Algo está pasando, que ubicó a Formosa entre las provincias con mayores niveles de pobreza multidimensional extrema del país, la Defensoría del Pueblo salió a responder los cuestionamientos y defendió la gestión del gobernador Gildo Insfrán, que acumula más de 30 años al frente del Poder Ejecutivo provincial.
A través de un comunicado, el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, sostuvo que los indicadores de vulnerabilidad social no pueden analizarse sin considerar “las históricas desigualdades entre las provincias del norte y los grandes centros económicos del país”.
El pronunciamiento llega después de que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA revelara que Formosa registra un índice de vulnerabilidad de 40,9 puntos, el segundo más alto del país, y que el departamento Ramón Lista figura entre los más afectados de la Argentina, con un índice del 62,9%.
Frente a esos datos, Gialluca afirmó que “la grieta entre estos datos y la realidad puede debatirse legítimamente” y cuestionó a quienes atribuyen la pobreza exclusivamente a decisiones provinciales.
“Nadie desconoce que en nuestro país las asimetrías entre la Ciudad Puerto de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, sobre todo las del Norte, vienen originando posturas críticas“, señaló el funcionario.
En esa línea, sostuvo que “en un sistema federal, las responsabilidades son compartidas, como son compartidas las competencias”, rechazando así los planteos que vinculan los indicadores sociales exclusivamente con las políticas aplicadas en Formosa durante las últimas décadas.
Gialluca aseguró que “la discusión sobre la inequidad adquiere una urgencia política central bajo el actual modelo económico, que prioriza un ajuste fiscal estricto”, y denunció que “el capital concentrado goza de blindaje fiscal, mientras la sociedad civil soporta el peso de un sistema tributario regresivo”.
Asimismo, cuestionó lo que consideró una mirada desigual sobre la pobreza en el país. “Las fotos de las villas de emergencia en las grandes ciudades pasan desapercibidas”, sostuvo, mientras que las imágenes de pobreza en provincias como Formosa “desatan generosos debates”.
Más de 25 años en la Defensoría
La respuesta institucional fue encabezada por Gialluca, uno de los funcionarios con mayor permanencia en un cargo público provincial. Fue designado Defensor del Pueblo en marzo de 2001 y acumula más de 25 años al frente del organismo constitucional.
Durante ese período completó sucesivos mandatos de cinco años y obtuvo tres reelecciones legislativas que le permitieron mantenerse en funciones. Y un pedido de juicio político por ser aportante activo al Partido Justicialista, en contradicción a la ley que prohíbe esas actividades en su función.
En el cierre del documento, el funcionario insistió en que “la desigualdad sigue siendo el gran desafío irresuelto de la Argentina” y reclamó discutir las asimetrías regionales y la distribución de los recursos nacionales como factores centrales para comprender los niveles de pobreza que persisten en el norte del país.
