La ex senadora formoseña, Graciela de la Rosa, confirmó que concluyó su ciclo en la Auditoría General de la Nación (AGN) y expresó preocupación por la postura del Gobierno de Javier Milei respecto a los controles externos del Estado.
“Yo ya terminé mi mandato, o sea, soy auditora general de la Nación mandato cumplido en ese sentido, vuelvo a la provincia de Formosa y no estoy esperando tampoco ninguna reelección, ni mucho menos”, aseguró en declaraciones a la prensa oficial del gobierno provincial.
Impulsada por el gobernador Gildo Insfrán y el senador José Mayans, De la Rosa fue designada en 2016 y cumplió los ocho años al frente de uno de los órganos de control más importantes del país. Fue funcionaria del area economica de la adminsitracion provincial, diputada nacional por el Partido Justicialista en los períodos 2003-2007, y 2007-2011. Y senadora de la Nación por la Provincia de Formosa, entre 2011 y 2017.
La ex auditora cuestionó la aparente indiferencia del actual Gobierno ante la necesidad de auditorías públicas: “Parecería que no le interesa, no le importa o no cree que necesita ser auditado. Es una situación muy difícil, vamos a ver cómo la resuelve el Congreso Nacional”.
Durante su gestión promovió las auditorias a la Universidad Nacional de Formosa, cuyos resultados fueron expuestos el año pasado en el plenario del organismo presentado serias irregularidades.
A pesar de haber finalizado su labor institucional, remarcó que su experiencia le permite sostener con firmeza que “todo Gobierno nacional necesita auditorías, necesita el control externo gubernamental”, especialmente “más con lo que está pasando”, en referencia a la reciente aprobación en Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Frente al nuevo endeudamiento previsto, volvió a insistir en la necesidad de controles externos: “Ahora que de nuevo se va a acudir al FMI, evidentemente que se necesita un control externo”.
Y cerró con una reflexión crítica: “Me pregunto si esos 20 mil millones los van a pagar el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero si los va a pagar el pueblo argentino, obviamente se tiene que controlar”.
Con su salida, la Auditoría General de la Nación queda con un puesto vacante a la espera de definiciones políticas en el Congreso, que deberá consensuar una nueva designación en el marco de un escenario institucional complejo.
