En medio del conflicto con la Asociación Judicial de Formosa, atravesado por paros, marchas y acusaciones cruzadas, el gildismo se encamina a aprobar una reforma que elimina los mínimos legales de duración de la feria judicial y deja su extensión en manos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La modificación incorpora un elemento de presión sobre los trabajadores y, por su oportunidad política, puede leerse como un pase de factura al sector que sostiene las protestas.
El proyecto será tratado este jueves 12 de noviembre, cuenta con despacho de comisión y tiene encaminada su sanción por la mayoría automática del oficialismo. Todavía no es ley: actualmente continúa vigente el artículo 16 de la Ley Orgánica Judicial, que establece un mínimo de 30 días corridos para la feria ordinaria y 14 para la invernal.
Precisamente con fundamento en ese artículo, el STJ acaba de disponer que la próxima feria se extenderá desde el 23 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, inclusive. Durante ese período, el horario de atención del servicio de feria será de 8 a 12.
También estableció que quienes sean convocados a trabajar durante el receso tendrán descanso compensatorio del 10 de febrero al 21 de marzo de 2027, inclusive.
Un calendario fijado
La decisión permite distinguir dos cuestiones: el Tribunal ya estableció las fechas de la próxima feria bajo la legislación vigente, mientras el proyecto propone cambiar las reglas con las que se determinarán esos períodos.
El artículo 11 del nuevo texto dispone que el STJ fijará las ferias, el calendario anual, los turnos, reemplazos y descansos compensatorios, pero no reproduce los mínimos de 30 y 14 días que contiene la Ley 521.
Por lo tanto, la reforma no cancela por sí sola el receso anunciado ni dispone una reducción concreta. Lo que elimina es el piso establecido por ley, dejando su duración sujeta a las decisiones del máximo tribunal.
La facultad de postergar, suspender o dejar sin efecto las ferias por razones justificadas ya existía. El cambio es que esa atribución pasaría a ejercerse dentro de un régimen que tampoco garantiza una extensión mínima.
Una señal
En el contexto del enfrentamiento con la Asociación Judicial, la modificación tiene una dimensión que excede la organización del calendario. El mismo Tribunal que mantiene el conflicto con los trabajadores quedaría con mayor margen para definir un período que incide directamente en sus descansos y en la organización laboral.
Aunque el articulado no presenta la medida como una sanción contra el gremio, su incorporación en plena disputa alimenta la lectura de una respuesta política a las protestas. La eliminación de una garantía legal fortalece la posición de la conducción judicial frente a quienes reclaman.
El despacho mantiene la atención de asuntos urgentes, la suspensión de los plazos procesales durante las ferias y el descanso compensatorio para quienes trabajen, con las excepciones que pueda establecer el STJ. Sin embargo, la duración mínima dejaría de estar protegida por la Ley Orgánica.
Si el oficialismo aprueba la reforma este jueves, su entrada en vigencia se producirá treinta días después de la publicación en el Boletín Oficial. Hasta entonces, rige la normativa actual; y el calendario ya anunciado no queda modificado automáticamente por la sanción de la nueva ley.
