La Legislatura de Formosa tratará este jueves 12 de noviembre una reforma integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya aprobación aparece asegurada por la mayoría automática del gildismo. La iniciativa reemplaza la Ley 521 por un texto de 164 artículos que modifica la organización del Ministerio Público, las reglas de funcionamiento judicial y las atribuciones administrativas del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El proyecto fue presentado formalmente por el propio STJ y obtuvo despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. El diputado oficialista Rodrigo Emmanuel Vera será el miembro informante. Aunque parte de las modificaciones responde a la Constitución reformada en 2025, el articulado también introduce decisiones sobre recursos, personal y organización del servicio.
Fiscales y defensores, separados
Uno de los cambios centrales es la división de la conducción del Ministerio Público: el Procurador General dirigirá a los fiscales y el Defensor General estará al frente de defensores y asesores. La Ley 521 concentraba esa jefatura en el procurador.
La separación diferencia institucionalmente a quienes deben acusar de quienes deben garantizar la defensa. Sin embargo, el proyecto reconoce autonomía funcional mientras reserva al STJ el control financiero y la superintendencia administrativa de ambos sectores.
Esa dependencia se refleja en decisiones concretas: el Tribunal designará a los secretarios a propuesta de ambas jefaturas y concentrará la resolución de solicitudes administrativas. La independencia para actuar en las causas convivirá, así, con una administración de recursos y personal bajo la cúpula judicial.
La feria pierde su piso legal
Otra modificación relevante es la eliminación de los mínimos de 30 días corridos de feria al finalizar el año judicial y 14 durante el invierno. El nuevo texto deja al STJ la determinación de los períodos y del calendario, sin establecer una duración mínima.
Esto no implica que desaparezca la feria ni que exista una reducción ya definida. El cambio consiste en que esos días dejarían de estar garantizados por la Ley Orgánica. Se mantienen la atención de asuntos urgentes, la suspensión de plazos procesales durante el receso y el descanso compensatorio, sujeto a las excepciones previstas.
Traslados y organización del trabajo
El artículo 15 autoriza al STJ a disponer traslados transitorios de magistrados, funcionarios y empleados, mediante resolución fundada, por necesidades objetivas del servicio y sin menoscabo de jerarquía. La disposición no establece un plazo máximo ni exige expresamente el consentimiento del magistrado para esos movimientos temporales.
También incorpora trabajo remoto, audiencias virtuales y turnos entre las modalidades que podrá organizar el Tribunal. Buena parte de su aplicación quedará sujeta a reglamentaciones posteriores.
Una obligación polémica que permanece
La reforma conserva la cláusula que obliga a magistrados y funcionarios judiciales a promover querella criminal contra quienes les atribuyan delitos o actos contrarios a la dignidad y el decoro, bajo apercibimiento de considerar falta grave su omisión.
La obligación ya estaba en la Ley 521: la decisión del proyecto es ratificarla. Su aplicación deberá respetar la protección que la legislación nacional reconoce a las expresiones sobre asuntos de interés público.
Sin plazos para las nuevas estructuras
La aprobación legislativa tampoco garantizará la puesta en funcionamiento inmediata de todas las dependencias previstas. El artículo 157 condiciona su implementación y las designaciones a la existencia de partidas presupuestarias y a la oportunidad que determine el STJ.
La ley entraría en vigencia treinta días después de su publicación en el Boletín Oficial. Con los votos del oficialismo suficientes para sancionarla, el debate del jueves pondrá en discusión una reorganización que separa funciones, pero mantiene en el Superior Tribunal decisiones fundamentales sobre los recursos y el funcionamiento cotidiano de la Justicia formoseña.
