En una decisión judicial que podría marcar un antecedente importante en materia de violencia digital, la Cámara Civil y Comercial de Formosa condenó al abogado Rubén Adrián Gómez, asesor jurídico del Honorable Concejo Deliberante de Clorinda, a eliminar de su cuenta de Facebook todas las publicaciones agraviantes contra la concejal del Partido Justicialista, Marisa Canavesio.
La medida, que otorga un plazo de 48 horas para su cumplimiento bajo apercibimiento de multas, establece que “el derecho a la ofensa, al insulto, a la injuria, no existe”, según explicó la propia concejal en diálogo con FM 88.5.
Canavesio detalló que los agravios comenzaron a principios de 2024 y se mantuvieron durante varios meses. “Esta persona había comenzado a agredirme por Facebook, a veces mencionándome, otras no, haciéndolo implícitamente. Esa conducta se vino repitiendo durante varios meses”, relató la concejal.
Las publicaciones no solo atacaban su persona, sino también el ejercicio de su profesión como abogada. “A veces borraba las publicaciones, otras veces las dejaba. Era de una forma muy variada“, agregó.
Canavesio, quien es abogada litigante además de concejal, admitió que inicialmente dudó en tomar acciones legales. “No me gusta invertir tiempo en estas cosas, sinceramente. Tengo demasiadas ocupaciones como para distraer mi actividad en este tipo de cuestiones“, confesó.
Sin embargo, la persistencia del hostigamiento y su condición de representante popular la llevaron a reconsiderar su postura. “Dije: ‘No, es necesario hacerlo, no solo por mí, sino por la función representativa que tengo y también haciendo notar la situación en que estamos a veces algunas mujeres que estamos en política‘”, explicó.
Canavesio inició una medida autosatisfactiva, un instituto procesal relativamente moderno que no existe en todos los códigos procesales provinciales. La justicia de primera instancia desestimó inicialmente el planteo, no por falta de fundamento, sino por considerar que debía tramitarse por otro procedimiento.
“La jueza de primera instancia consideró que hubiera sido mejor hacerlo por el procedimiento penal de injurias o por una medida de otra naturaleza procesal”, explicó la concejal.
Sin embargo, la Cámara revocó esa decisión y hizo lugar al pedido, ordenando la eliminación del contenido. Canavesio contaba con antecedentes favorables de medidas similares concedidas al intendente Jorge Jofré y su pareja, la secretaria de Acción Social Paula Cattáneo.
Pruebas y convivencia incómoda
Para sustentar su demanda, la concejal extrajo capturas de pantalla certificadas por escribano público y ofreció testigos que podían confirmar la autoría de las publicaciones. “La prueba era completa. Es comprobable que esas publicaciones le pertenecen”, aseguró.
La situación genera una convivencia incómoda en el Concejo Deliberante, donde Canavesio debe interactuar regularmente con Gómez en reuniones de comisión y sesiones. “No es una situación cómoda”, admitió, aunque aclaró que no tiene una relación directa con los asesores y que Gómez “es una persona conocida por ser agresiva”.
La concejal insertó el caso en un contexto más amplio de violencia en el ámbito del Concejo Deliberante. “No soy yo la única concejal que vivió esta situación. Otra concejal que estuvo antes que yo me manifestaba el grado de violencia que tenía que soportar, pero nadie le ponía coto”, reveló.
Canavesio consideró que detrás de estos comportamientos existe “todo un aparato” con el objetivo de “desestabilizar, aniquilar y producir ese efecto amedrentador”. “Su intención tal vez sea acobardarme”, reflexionó.
Un precedente importante
El fallo cobra relevancia en un contexto de vacío legislativo en materia digital. “Nuestra legislación en materia digital está en pañales”, reconoció Canavesio, quien agregó que cuando armó la demanda “encontré que no estamos adheridos a un montón de normas que deberíamos estar utilizando”.
La concejal valoró el rol de los tribunales en reconocer estas problemáticas: “Gracias a la labor de los tribunales que reconocen la situación, reconocen el problema y están a la altura de las circunstancias, se pueden sentar precedentes“.
El caso podría servir como antecedente para otras personas que sufren acoso y agravios en redes sociales, ya sea desde cuentas identificadas o anónimas. “Los abogados somos operadores del derecho y contribuimos a que la legislación progrese”, afirmó.
Canavesio advirtió sobre el peligro de las campañas de desprestigio en redes sociales: “Se van tejiendo historias que son falsas y se va construyendo toda una opinión en el imaginario colectivo que es equivocada. A fuerza de instalarla logran su objetivo”.
“Así se hacen las construcciones políticas muchas veces, en base a mentiras. En la medida que uno permite o que uno calla, está dándoles la razón”, sentenció.
Al momento de esta publicación, las publicaciones agraviantes permanecían visibles en la cuenta de Facebook del abogado Gómez, quien tiene 48 horas para cumplir con la orden judicial bajo apercibimiento de multas (astreintes).
La concejal cerró con un mensaje contundente: “Lo hice no solo por mí, sino por tantas mujeres que a lo mejor están en esta situación y no saben cómo salir de ella”.
