En la causa que investiga la existencia de presuntos “comedores fantasmas” durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, surgieron nuevas pruebas aportadas por la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso.
Según los documentos presentados por el organismo encabezado por Alejandro Melik, las asociaciones civiles responsables de estos comedores habrían realizado compras de alimentos en lugares tan distantes como Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, a pesar de que estos comedores están ubicados en provincias como Formosa, Chaco y Santa Fe, entre otras.
El expediente, a cargo del fiscal Ramiro González, indaga un posible esquema de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario.
El caso comenzó luego de que el Ministerio de Capital Humano denunciara, tras una auditoría, que el 32% de los comedores registrados en el RENACOM no operaban, el 25% contenía datos inconsistentes, y el 16% ni siquiera existía como comedor comunitario.
Entre las pruebas aportadas, la OA destaca compras de muzzarella, ricota y queso cremoso de la Asociación Civil 18 de Mayo en la empresa Global PVC SRL, de Puerto Madryn, por un monto cercano a $50.000.
La organización afirma gestionar más de 150 comedores en el centro y norte del país, pero, según la OA, resulta sospechoso que realicen adquisiciones a cientos de kilómetros.
“Esto podría ser una simulación de facturación por productos que nunca fueron comprados, desviando fondos a otros fines”, plantearon fuentes cercanas a la causa según publico TN.
Además, figuran facturas de yerba y carne compradas en comercios de Puerto Madryn y Tierra del Fuego, con montos elevados y sin registro de la costosa logística necesaria para transportar productos perecederos a las provincias del norte.
Estos detalles fortalecen la hipótesis de la OA, que denuncia una posible “maniobra defraudatoria en perjuicio del erario público” y apunta a la falta de controles por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que permitió el uso indebido de fondos asignados a estos programas.
El organismo también identificó “comedores” que no operan en las direcciones declaradas.
Entre los nombres mencionados se encuentran “Los Peques de Lau”, “Pequeños Gigantes” y “La Primavera”. La OA ha solicitado que se tomen testimoniales y se verifiquen las facturas para esclarecer si los fondos realmente fueron destinados a la compra de alimentos o si se desvió parte del dinero en beneficio de terceros.
Esta denuncia renueva el debate sobre la transparencia y la eficacia en los programas de asistencia social, mientras la Justicia evalúa profundizar en las responsabilidades de las asociaciones civiles y los posibles funcionarios involucrados.
Fuente: TN
