El Concejo Deliberante de Clorinda sesionó esta semana y volvió a debatir un cobro que se aplica desde hace años a los camiones de tránsito internacional que circulan por la ciudad sin detenerse en ella.
La concejal del PJ Mariza Canavesio advirtió en diálogo con Algo Está Pasando (VLU FM 88.5) que “viene a constituir a mi juicio una aduana interna, porque ya hay pronunciamientos que lo dicen así”, figura que fue declarada inconstitucional por la Justicia bajo una gestión municipal anterior.
Según Canavesio, la Cámara Civil y Comercial resolvió en su momento, a partir de un amparo de comerciantes, que “constituye una aduana interna y la Constitución prohíbe que el tránsito sea regulado de esa manera”. Esa resolución obligó a sacar el artículo del código tributario, aunque la concejal sostiene que el hecho imponible se mantuvo bajo otro nombre en gestiones posteriores, incluida la actual del intendente Daniel Caniza.
La edila cuestionó además que la normativa vigente combine una tasa por el ingreso de camiones y una sanción en el mismo artículo: los vehículos no pueden retirarse del playón si el test de alcoholemia del conductor no da negativo.
Al respecto, afirmó: “Eso desde el punto de vista impositivo o desde el punto de vista tributario es inadecuado”. Indicó que hace menos de un mes el Concejo aprobó fijar el pago en 15 unidades tributarias, y que ante el rechazo generado “ahora lo redujeron a doce unidades tributarias”, unos 12.000 pesos.
El cobro alcanza a los camiones sin domicilio en Clorinda que están de paso, y se aplica de manera efectiva porque hay inspectores municipales que los derivan al playón.
Canavesio atribuyó los sucesivos cambios a la ausencia de un código tributario y tarifario ordenado, aprobado semana a semana con los votos del oficialismo. Explicó que la iniciativa de estos proyectos corresponde al Ejecutivo municipal, ya que integran el cálculo de recursos del presupuesto, mientras los concejales solo pueden discutir lo que llega desde el intendente: “No podemos sancionar o proponer nosotros solos un texto legal, porque eso es competencia del intendente”.
Consultada sobre los antecedentes, la concejal recordó que durante más de una década una playa de camiones estuvo concesionada a un privado, la firma Paseo San José SA, sin recibos oficiales y sin cumplir el plan de obras comprometido. Según Canavesio, “cobró durante más de 10 años por esa playa privatizada y nunca rindieron un peso”, pese a los reclamos presentados en el Concejo.
El comodato fue finalmente rescindido por decreto del intendente Caniza durante el receso del Concejo, y luego ratificado por los concejales.
La edila concluyó que estos costos terminan trasladándose al precio final de los productos transportados, ya que “esos costos indebidos se van trasladando al precio de los productos y se genera una situación injusta para el que paga, incluso sin saber”.
