La última sesión de la Cámara de Diputados de Formosa dejó expuesta una situación que la oposición considera cada vez más frecuente: el bloqueo de la palabra y la utilización de debates nacionales para evitar discutir denuncias que involucran a funcionarios provinciales.
Este jueves, la diputada radical Agostina Villaggi intentó que el cuerpo legislativo avanzara en el tratamiento del segundo pedido de juicio político contra la presidenta del Tribunal de Cuentas, Miriam Esther Radrizzani, una funcionaria alcanzada por cuestionamientos judiciales y una causa penal mencionada en la presentación impulsada por legisladores opositores.
Sin embargo, la iniciativa no llegó siquiera a ser debatida. Durante la exposición de Villaggi, el jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, intervino desde su banca mientras la legisladora desarrollaba sus argumentos. La tensión fue escalando hasta que el presidente de la sesión, Armando Cabrera, decidió cerrar la discusión y avanzar con la votación, impidiendo que la diputada completara la fundamentación del expediente.
Para la oposición, el episodio reflejó una decisión política clara: evitar cualquier discusión sobre la situación de la titular del organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos de la provincia.
El expediente impulsado por Villaggi y el diputado Miguel Montoya solicita la apertura del mecanismo constitucional de juicio político por presunto mal desempeño y posibles delitos dolosos. Entre los fundamentos se mencionan presuntas irregularidades vinculadas a un litigio judicial por un inmueble, el supuesto incumplimiento de resoluciones judiciales, documentación cuestionada en sede judicial y una causa penal por presunta estafa procesal mediante el uso de documentación presuntamente falsa.
La gravedad institucional del planteo radica en que las acusaciones alcanzan precisamente a quien encabeza el organismo de control externo del Estado provincial.
Lejos de responder sobre esos cuestionamientos, el oficialismo eligió otro eje de discusión. Tras la sesión, Samaniego publicó un mensaje en redes sociales donde acusó a la oposición de abandonar el recinto para “victimizarse” y sostuvo que esas conductas buscarían “desviar la atención” de hechos que ocupan la agenda nacional. En ese marco, afirmó que “el tema Adorni es inocultable”.
La referencia Jefe de Gabinete nacional contrastó con lo ocurrido minutos antes dentro del recinto. Mientras el oficialismo apuntaba contra una controversia de alcance nacional, bloqueaba el debate sobre una funcionaria provincial que enfrenta cuestionamientos judiciales y cuyo desempeño motivó un pedido formal de juicio político.
Así, la sesión terminó con un contraste difícil de disimular: el oficialismo reclamó transparencia y debate cuando se trata de la política nacional, pero evitó que la Legislatura formoseña analizara las denuncias que pesan sobre una de las máximas autoridades del organismo encargado de controlar la legalidad del gasto público provincial.
La figura de Miriam Radrizzani permanece protegida por la mayoría gildista, que optó por clausurar la discusión antes que responder sobre el fondo de las acusaciones.
