Un fallo judicial dio la razón a empleados administrativos del Honorable Concejo Deliberante de Misión Tacaaglé, bajo la presidencia del concejal Jesús Ravano, quienes denunciaron recortes salariales, cambios forzados de funciones y un contexto de hostigamiento laboral desde el inicio de la actual gestión, el pasado 10 de diciembre.
Según relataron los trabajadores, la situación comenzó tras la asunción de las nuevas autoridades, cuando se les exigió firmar un acuerdo para abandonar sus tareas administrativas y pasar a cumplir funciones de maestranza y servicios. La propuesta, aseguran, no fue voluntaria sino una imposición, acompañada de advertencias sobre posibles despidos en caso de no aceptar las nuevas condiciones.
Ante la negativa de varios empleados —al considerar que se trataba de funciones que no correspondían a sus cargos— comenzaron las represalias. Entre las principales medidas denunciadas figura la reducción del 50% de sus salarios, mientras que el resto del pago se realizaba de manera irregular. La situación afectó a un grupo puntual de nueve trabajadores, lo que derivó en acusaciones de trato desigual y discriminación.
Además, describieron una serie de acciones que calificaron como “castigos laborales”: traslados a lugares alejados, cambios de horarios incompatibles con otros empleos y la asignación de tareas a terceros, dejándolos sin funciones efectivas. Todo esto, en un contexto sin instancias de diálogo ni explicaciones formales por parte de las autoridades.
Frente a la falta de respuestas, los empleados recurrieron a la Justicia mediante una acción de amparo. El fallo fue contundente: declaró la nulidad de la Ordenanza N° 003/26, que habilitaba las reducciones salariales, y ordenó restituir los haberes completos, devolver los montos descontados y abonar el aguinaldo adeudado.
En los fundamentos, se remarcó que el “salario tiene carácter alimentario y no puede ser objeto de recortes arbitrarios, aun en contextos de dificultades económicas”. La resolución también puso énfasis en la obligación del Estado de resguardar los derechos laborales, priorizando la protección del trabajador por sobre otras variables.
Pese al fallo, persisten las tensiones. Desde la conducción del cuerpo se habría descalificado a los trabajadores, señalándolos como “rebeldes”, una acusación que fue rechazada por los afectados, quienes destacan su antigüedad —de entre 10 y 15 años— y trayectoria en funciones públicas dentro de la comunidad.
Mientras tanto, los trabajadores exigen el cumplimiento efectivo del fallo y advierten que la situación trasciende lo individual: “No se trata solo de un grupo, sino de defender derechos básicos, la dignidad laboral y el respeto dentro de las instituciones”.
