Una denuncia presentada dentro del propio espacio justicialista abrió una fuerte disputa política en General Manuel Belgrano. El concejal Rubén Oscar Landriel presentó un pedido urgente de informes por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Concejo Deliberante y apuntó directamente contra su presidente, Luis Duarte, quien integra el sector que acompaña políticamente al intendente Hermes Alcides Acosta.
La situación adquiere además un componente de interna dentro del oficialismo provincial, ya que los principales protagonistas se presentan políticamente dentro del justicialismo. Acosta fue electo intendente de General Manuel Belgrano por el Partido Justicialista en 2023, mientras que el gobernador Gildo Insfrán conduce el PJ formoseño.
Duarte mantiene antecedentes de actuación política conjunta con el jefe comunal. En 2024, por ejemplo, fue uno de los concejales que recurrió al Superior Tribunal de Justicia para solicitar que se habilitara provisoriamente a Acosta a manejar instrumentos vinculados al pago de haberes del Concejo, en medio de una disputa por la elección de autoridades legislativas.
Contratos y transferencias
Ahora, Landriel cuestionó a la conducción del cuerpo por dos situaciones que considera graves: presuntas contrataciones con la esposa de Duarte y transferencias por $149,5 millones desde una cuenta del Concejo Deliberante hacia el Departamento Ejecutivo Municipal.
Según el escrito presentado el 30 de septiembre, el edil aseguró haber tomado conocimiento de la posible existencia de contrataciones, órdenes de compra y pagos directos autorizados desde la Presidencia del Concejo a favor de Micaela Ofelia Sotelo, identificada en la presentación como esposa de Duarte.
Landriel solicitó que en un plazo de cinco días hábiles se entregue la totalidad de las órdenes de compra, facturas, órdenes de pago, transferencias y cheques emitidos desde las cuentas legislativas a favor de Sotelo o de firmas comerciales que pudiera integrar, desde el 1° de marzo.

Negocios incompatibles
El concejal sostuvo que, si esas operaciones se comprobaran en las condiciones denunciadas, podrían eventualmente quedar bajo análisis por la figura de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Por el momento, se trata de una denuncia administrativa y política y no existe una determinación judicial de responsabilidad.
El segundo eje de la presentación apunta directamente al movimiento de fondos hacia la Municipalidad que conduce Acosta.
De acuerdo con la documentación acompañada por Landriel, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 se realizaron 11 transferencias por un total de $149.500.000 desde una cuenta corriente del Concejo Deliberante hacia una cuenta del Departamento Ejecutivo Municipal.
El edil denunciante afirmó que esas operaciones se habrían concretado sin autorización del cuerpo, sin que los concejales conocieran su destino y sin que se hubieran presentado las correspondientes rendiciones de cuentas.
Entre los movimientos detallados aparecen transferencias por $15,5 millones en enero, $25 millones en febrero, $20 millones en marzo, $19 millones en junio, $17 millones en agosto y $16 millones en septiembre, además de otras operaciones de menor monto.
Por ese motivo, Landriel reclamó los extractos bancarios, las resoluciones o disposiciones que respaldaron las transferencias y los expedientes de rendición de cuentas que permitan determinar en qué fueron utilizados los $149,5 millones enviados al Ejecutivo encabezado por Acosta.
Landriel también dejó planteada una reserva de la vía judicial y advirtió que, ante una falta de respuesta o eventual ocultamiento de documentación, podría realizar una denuncia penal y solicitar medidas sobre libros contables, computadoras y documentación administrativa.
De este modo, el caso expone una disputa entre dirigentes que forman parte del universo justicialista de General Belgrano, pero con Landriel enfrentando a la conducción legislativa de Duarte y al esquema político municipal encabezado por Acosta.
En su mensaje público, el concejal resumió el planteo con una exigencia: “Basta de ocultar los papeles. Exigimos transparencia absoluta”.

