A exactamente cinco años de la represión que sacudió las calles de la capital formoseña, la Justicia cerró la causa penal abierta tras los hechos del 5 de marzo de 2021 con el sobreseimiento total de los imputados. La resolución, firmada por la jueza Karina Paz, estableció que no existían pruebas suficientes para sostener ninguno de los cargos atribuidos y que el proceso no afecta el buen nombre y honor de los acusados.
La parte resolutiva de la sentencia dispuso el sobreseimiento de Marcelo Ocampo, Agustín Rojas, Maximiliano Galarza y Juan Pablo Tominski “en orden a los delitos de intimidación pública e instigación a cometer delitos, por no encuadrar las figuras atribuidas“. En un segundo punto, declaró la extinción de la acción penal respecto de los cargos de lesiones leves, daños, daño agravado y resistencia a la autoridad.
Estos cuatro hombres fueron los únicos que atravesaron un proceso formal. El centenar restante de personas detenidas aquella jornada —entre ellos, decenas de menores de edad— nunca llegó a ser indagado ni procesado.
Juan Sebastián Montoya, abogado defensor de Campo, Rojas y Galarza, dialogó con este medio y fue categórico: la causa se cayó porque la prueba que debía aportar la policía provincial nunca llegó. “Esa prueba la tendría que haber remitido la policía, y la policía no tenía cómo justificar eso que pasó. Esa es la verdad“, afirmó.
Montoya recordó que en el momento de la declaración indagatoria no existía ningún elemento concreto en contra de sus defendidos, por lo que les recomendó ejercer el derecho constitucional a abstenerse de declarar. “Nunca apareció la prueba”, resumió el letrado.
El abogado también destacó un aspecto relevante de los fundamentos del fallo: la resolución hace referencia expresa al derecho constitucional a la manifestación y la protesta, garantizado no solo por la Constitución Nacional y provincial, sino por los tratados y pactos internacionales de derechos humanos incorporados al ordenamiento argentino.
Una herida abierta en la historia provincial
El 5 de marzo de 2021, en plena pandemia, vecinos de la ciudad de Formosa se congregaron en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y Belgrano para reclamar el levantamiento de las estrictas restricciones sanitarias impuestas por el gobierno provincial durante la pandemia del COVID. La respuesta de las fuerzas de seguridad derivó en lo que diversas organizaciones calificaron como una “razzia”: más de 90 adultos y alrededor de 30 menores de edad fueron detenidos y trasladados en camiones jaula.
El episodio generó repercusiones a nivel internacional. La entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció sobre los hechos, y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura también intervino.
Los policías que reprimieron fueron ascendidos
Uno de los puntos más oscuros señalados por Montoya es que ningún agente policial fue investigado ni sancionado por su actuación aquel día. Por el contrario, según indicó el defensor, varios de los efectivos que participaron del operativo fueron condecorados y hoy ocupan las máximas jefaturas de la Policía de Formosa. “Eso no lo dice nadie”, subrayó con evidente indignación.
Para el abogado, el sobreseimiento deja “un sabor amargo”: si bien la resolución no le da la razón al gobierno provincial en su relato de los hechos, tampoco avanzó en determinar responsabilidades por parte del Estado. “Hubiese sido bueno que se investigara en profundidad y que quienes actuaron mal hayan tenido consecuencias. Eso no ha pasado“, concluyó Montoya.
