Frente a las recientes declaraciones de entidades rurales nucleadas en CHAFOR y al repudio del bloque de diputados de la UCR que alertaron sobre el impacto de las normativas de la Administración Tributaria Provincial (ATP), la administracion de Gildo Insfrán salió al cruce.
El subsecretario de Producción Sustentable del ministerio de la Producción, Nazareno García Labarthe, fue el encargado de fijar la postura del gobierno. Según explicó, la actualización de los aforos “responde a un ordenamiento estrictamente legal y técnico y no constituye la creación de un nuevo tributo, sino el cumplimiento de la legislación fiscal provincial“.
El funcionario señaló que los valores de referencia permanecían desactualizados desde 2024, situación que llevó a que el sector tributara una tasa real de apenas 0,62% en la categoría terneros.
La respuesta oficial llegó después de que CHAFOR —Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa— advirtiera públicamente, en una reunión celebrada en Pirané, que las recientes medidas fiscales adoptadas por el gobierno provincial generan una pérdida directa de competitividad frente a jurisdicciones vecinas, encareciendo de manera significativa los costos operativos vinculados al movimiento de hacienda.
Para ilustrar el impacto concreto, García Labarthe precisó que un productor empadronado con exención de Ingresos Brutos tributa el 1,45% sobre el valor de venta de un ternero, porcentaje que cae al 0,72% si además cuenta con la exclusión del Impuesto Inmobiliario Rural.
Los productores paipperos registrados, por su parte, mantienen exención total de ambos impuestos. En el centro del sistema se encuentra el Índice de Ganadería de Formosa, una herramienta de actualización dinámica que, según el funcionario, ajusta el aforo tanto hacia el alza como hacia la baja acompañando los precios del mercado.
Un debate que sigue abierto
El gobierno también salió al cruce del proyecto de resolución presentado en la Legislatura por diputados de la Unión Cívica Radical, descalificándolo como una iniciativa carente de sustento técnico. “Oponerse a una actualización que simplemente normaliza lo que dicta la ley, y que mantiene a Formosa como la plaza más barata de la región para vender hacienda, es una muestra de desconocimiento o de oportunismo político que no beneficia al sector primario”, señalaron desde el Ministerio.
La respuesta oficial, sin embargo, no parece suficiente para cerrar el debate. CHAFOR había planteado en Pirané una agenda que va más allá de lo impositivo: también reclamó la implementación urgente del Documento Único de Tránsito (DUT), la creación de fiscalías rurales especializadas para combatir el abigeato.
