El juez de Instrucción y Correccional del fuero contra el Narcocrimen, José Luis Molina, será sometido a una investigación sumaria tras una denuncia por violencia laboral presentada por una empleada de su juzgado, según consta en el expediente N.º 6768/25.
Molina es yerno del senador nacional por Formosa, José Mayans. Su pareja es María Belén Mayans, que fue designada en el Juzgado de Paz de La Nueva Formosa, un tribunal creado hace tres años y cuya puesta en funcionamiento se concretó en tiempo récord, generando cuestionamientos sobre la celeridad del proceso de designación.
La medida fue dispuesta luego de que una relatora del tribunal denunciara presuntas situaciones de maltrato en su lugar de trabajo. La gravedad de los hechos motivó la intervención de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y del Observatorio en materia de Violencia Laboral.
La Secretaria gremial de la UEJN presentó un pedido formal solicitando la aplicación del Protocolo de Violencia Laboral, el inicio de una investigación disciplinaria contra el magistrado y el traslado urgente de la empleada a otra dependencia. Además, el gremio requirió la suspensión de la evaluación de desempeño y que se le otorgue licencia por violencia laboral hasta que se resuelva la situación.
El Observatorio de Violencia Laboral también tomó intervención en el caso, presentando el Informe de Intervención N.º 87, documento que habría aportado elementos para fundamentar las medidas adoptadas.
Paradójicamente, el propio juez Molina había solicitado previamente el traslado de la relatora a otra dependencia, petición que quedó enmarcada en el contexto de la posterior denuncia por violencia laboral.
Tras evaluar la situación, las autoridades judiciales acordaron disponer la instrucción de una investigación sumaria contra el Dr. Molina para deslindar responsabilidades. Como instructor del sumario fue designado el Horacio Roberto Roglan, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
En forma paralela, se resolvió el traslado transitorio de la relatora denunciante al Juzgado de Ejecución Penal, donde mantendrá su cargo. Para cubrir las necesidades del servicio en el juzgado del Molina, fue trasladado otro agente.
Todas las medidas dispuestas entrarán en vigencia a partir de la notificación a los empleados involucrados.
La investigación sumaria determinará si existieron conductas reprochables por parte del magistrado y, de comprobarse, qué sanciones corresponderían aplicar según la normativa disciplinaria vigente para el Poder Judicial.
