El Observatorio de Tierras difundió un informe sobre la superficie rural en manos de propietarios extranjeros en todo el país, del que surge que Formosa tiene 114.933 hectáreas extranjerizadas sobre un total de 6.382.416 hectáreas rurales, equivalente al 1,8% de la superficie provincial.
El porcentaje se ubica muy por debajo del promedio nacional, que ronda el 5%, aunque existen marcadas diferencias entre los distintos departamentos de la provincia.
El mayor nivel de extranjerización se registra en el departamento Formosa, donde 54.999 hectáreas pertenecen a propietarios extranjeros. Sobre una superficie rural total de 576.819 hectáreas, representa el 10,9%, el valor más alto de la provincia.
En segundo lugar aparece Bermejo, con 9.423 hectáreas en manos extranjeras (8,8% según el informe difundido), seguido por Pilcomayo, con 18.071 hectáreas (4%); Laishí, con 5.413 hectáreas (2,2%); Patiño, con 22.976 hectáreas (1%); Ramón Lista, con 2.500 hectáreas (0,7%); Pilagás, con 632 hectáreas (0,3%); y Pirané, con 919 hectáreas (0,2%). En Matacos no se registran datos de superficie rural extranjerizada.
La reforma de Milei
Los datos fueron difundidos mientras el Senado debate el proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales (26.737), incorporado por el Gobierno nacional dentro del paquete de desregulaciones denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”.
La legislación vigente fija un tope del 15% para la superficie rural en manos de extranjeros en cada provincia, municipio y a nivel nacional. Además, establece límites por nacionalidad, restringe la cantidad de hectáreas que puede adquirir cada titular y prohíbe la compra de tierras con recursos hídricos estratégicos y en zonas de seguridad de frontera.
La iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei propone elevar ese límite al 25%, eliminar los cupos por nacionalidad y suprimir las restricciones sobre la cantidad máxima de hectáreas que puede adquirir un propietario extranjero.
También habilita la compra de tierras ribereñas y flexibiliza las operaciones en zonas de frontera, siempre que cuenten con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, elimina la obligación de informar la titularidad extranjera al Registro Nacional de Tierras Rurales y disuelve el Consejo Interministerial que definía los criterios técnicos de aplicación de la ley.
