En la Convención Constituyente de Formosa, el gildismo logró blindar el manejo del presupuesto provincial al establecer que, en caso de no aprobarse en la Legislatura, quedará automáticamente reconducido. La disposición, incorporada al nuevo texto constitucional, asegura al Poder Ejecutivo la continuidad de los gastos y recursos sin necesidad de negociación política.
El convencional justicialista Adrián Muracciole defendió la redacción del artículo y cuestionó al presidente Javier Milei por no haber enviado un presupuesto nacional al Congreso. “Eso que no se cumple a nivel nacional porque evidentemente al Gobierno Nacional le conviene seguir manejando discrecionalmente todas las partidas presupuestarias, por eso bloqueó la Comisión de Presupuesto eh del Congreso Nacional”, sostuvo.
Al mismo tiempo, la cláusula aprobada en la Constitución provincial plantea exactamente el mismo mecanismo de reconducción automática que Muracciole criticó a nivel nacional. Una contradicción que expone cómo el oficialismo provincial utiliza para sí lo que objeta en la gestión nacional.
En este contexto, Formosa se distingue como la única provincia del Norte Grande que no envió a la Legislatura su presupuesto para ser tratado en la Cámara de Diputados, mientras que el resto de los distritos de la región lo hizo en los últimos años.
El artículo aprobado establece que “el presupuesto general de la provincia preverá los recursos pertinentes, explicando sus objetivos y finalidades, autorizará las inversiones y gastos y fijará el número de agentes públicos. El presupuesto provincial se aprobará anualmente”.
Además, indica que el Poder Ejecutivo deberá remitir el proyecto 30 días antes del cierre de sesiones ordinarias y garantizar el equilibrio fiscal. Sin embargo, aclara que “la falta de sanción de la ley que apruebe el presupuesto al fenecer la vigencia del anterior implica la reconducción temática de los créditos y disposiciones aprobados en este último, con los ajustes que el Poder Ejecutivo determine”.
De este modo, el gildismo institucionaliza una práctica que ya se aplica desde 2023, cuando los presupuestos fueron reconducidos sin discusión legislativa. Para la oposición, la cláusula representa una pérdida de control y transparencia en el manejo de los fondos públicos, mientras que el oficialismo la defiende como una herramienta para garantizar la continuidad del Estado.
