La CGT Delegación Regional Formosa salió en defensa del gobernador Gildo Insfrán en medio de la polémica por la actuación de una delegada zonal de Educación ante alumnos de la EPEP N.º 59 de Gran Guardia. En un comunicado, la central sindical repudió las declaraciones de dirigentes opositores y rechazó que el episodio sea presentado como un caso de adoctrinamiento o de presión sobre docentes.
“Los oportunistas siempre encuentran el momento para señalar lo bueno como lo malo”, sostuvo la organización. También cuestionó a quienes hablan de “apriete y adoctrinamiento”, al afirmar que buscan llevar la discusión al terreno político.
La controversia comenzó con la difusión de un video en el que la delegada zonal Gladys Esther González pregunta a los alumnos quién les proporciona guardapolvos, zapatillas, útiles y comida. Según la denuncia de la diputada radical Carla Zaiser, ante las respuestas de los niños, la funcionaria habría insistido en vincular esas prestaciones con el Gobierno provincial y con Insfrán. También habría indicado a los docentes que ese reconocimiento era “un aspecto por trabajar”.
La CGT sostuvo que la enseñanza debe tener “una conexión con la realidad” y que los docentes participan en la formación de valores culturales, sociales y políticos, aunque agregó que esa tarea debe desarrollarse “con prescindencia partidaria”. En ese marco, defendió el reconocimiento de los logros de la gestión provincial y acusó a los críticos de intentar desacreditar iniciativas del Gobierno.
El comunicado, sin embargo, no se pronunció sobre la frase atribuida a González dirigida a los docentes ni explicó por qué los alumnos deberían asociar la entrega de recursos escolares con la figura del gobernador. La CGT cerró su pronunciamiento destacando el compromiso de Insfrán con la educación como política de Estado.
Por el episodio, el Ministerio de Capital Humano de la Nación pidió a la Provincia que investigue lo ocurrido, informe qué medidas adoptará respecto de las autoridades involucradas y detalle sus mecanismos para prevenir y sancionar el adoctrinamiento político partidario en las escuelas. Es el segundo requerimiento de ese tipo enviado a Formosa durante 2026.
Zaiser, por su parte, reclamó explicaciones al ministro de Educación, Julio Aráoz, y anticipó que solicitará una investigación administrativa. La legisladora considera que el funcionario debe aclarar si la actuación de la delegada respondió a una instrucción institucional y qué medidas tomará su cartera.
