El Ministerio de Educación de Formosa, bajo la gestión de Julio Araoz, ha autorizado de manera tácita una preocupante práctica: el uso de las escuelas públicas como plataformas de campaña política.
La concejal del oficialismo María “Petu” Argañaraz viene ingresando a establecimientos educativos de nivel primario y secundario, interrumpiendo clases para desplegar un “show” de títeres, repartir útiles con su nombre impreso y difundir su jingle, todo acompañado de una caricatura disfrazada de carpincho.
La actividad, lejos de ser pedagógica, funciona como un acto de campaña para la relección de la concejal disfrazado, sin que los padres hayan sido previamente informados ni mucho menos hayan dado su consentimiento. “Nadie nos avisó, nos enteramos porque nuestros hijos nos cantaron la canción de ‘la señora Petu’ en casa”, relató una madre preocupada.
Las actividades, que se replicaron en la E.P.E.P. N°398 “Padre Benito López”, la Escuela Primaria N°1 “Gral. José de San Martín” y la EPEP Nº 57 del barrio 1° de Mayo, vulneran derechos fundamentales de los niños, que incluso aparecen fotografiados y filmados en las redes sociales de la concejal, sin autorización legal ni consentimiento informado, en clara violación al derecho a la intimidad y la protección de la identidad de menores.
Pero el adoctrinamiento no termina en el nivel primario. En las escuelas secundarias —como la EPES N°56 del barrio San Miguel, el colegio “José Gervasio Artigas” y la EPET N°1— se repite la maniobra, esta vez bajo la fachada de charlas sobre vínculos saludables y violencia en el noviazgo, impulsadas por la Fundación “Formosa Crece”, un espacio vinculado directamente a Argañaraz. Estas actividades, que deberían ser competencia del SETIC (Servicio Técnico Interdisciplinario Central), se convirtieron en actos de propaganda partidaria encubierta.
La utilización de niños y adolescentes con fines políticos no es nueva en Formosa. Algo Está Pasando accedió a un audio de una reunión privada mantenida años atrás entre el entonces ministro de Educación Alberto Zorrilla —ya fallecido— y un grupo de docentes, en la que reconocía abiertamente que “el objetivo del modelo formoseño es convertir cada escuela en una unidad básica”. Aquella declaración, escandalosa en su momento, parece cobrar plena vigencia hoy bajo la administración Araoz.
A pesar de que se trata de una práctica que vulnera derechos consagrados en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio de Educación solo permite este tipo de actividades para Argañaraz, rostro visible del gildismo en la capital, mientras bloquea la participación de otros sectores —incluso del propio oficialismo— y prohíbe el ingreso de referentes de la oposición.
Frente a esta situación, el Ministerio de Capital Humano de la Nación puso en marcha una línea telefónica gratuita (0800-222-1197) para denunciar casos de adoctrinamiento político-partidario en escuelas. Según fuentes oficiales, ya se han recibido llamados de padres formoseños alarmados por el uso de sus hijos en campañas políticas dentro del sistema educativo.
Desde el Gobierno nacional remarcaron que el adoctrinamiento en las aulas atenta contra los derechos fundamentales de estudiantes, docentes y familias, y que el objetivo es garantizar una educación libre de ideologías impuestas. La polémica en Formosa demuestra que, en plena campaña, algunos están dispuestos a vulnerar la infancia para conservar el poder.
