Una situación de extrema vulnerabilidad social ocurrida en el barrio Salvador Gurrieri (Lote 110) abrió sospechas sobre el uso político de los módulos habitacionales que entrega el Estado provincial.
Una mujer embarazada, acompañada por su hijo de siete años, ingresó a una de estas viviendas al no contar con un lugar donde pasar la noche. Horas después fue desalojada por efectivos policiales, en un procedimiento que generó la reacción de los vecinos.
Durante una entrevista en el programa Algo está pasando, por VLU FM 88.5, la vecina Mara relató que el módulo en cuestión “estaba abandonado hace tres años” y sostuvo que la adjudicataria no residía allí.
Según su testimonio, la vivienda era utilizada de manera irregular. “La propietaria venía de vez en cuando, limpiaba y después lo alquilaba. Entraba y salía distinta gente, pero ella nunca vivía ahí”, aseguró.
La mujer explicó que la decisión de permitir el ingreso de la embarazada fue tomada por los propios vecinos al considerar que la vivienda permanecía desocupada mientras una familia atravesaba una situación desesperante.
“Estaba con todas sus cosas en la calle, con un nene de siete años y embarazada. No tenía dónde dormir. Nosotros la ayudamos porque el módulo estaba vacío“, afirmó.
Uno de los aspectos más sensibles del relato surgió cuando la entrevistada fue consultada sobre la identidad de la adjudicataria. Mara aseguró que, según conocen en el barrio, la mujer tendría vínculos políticos con el concejal justicialista Marcelo Sosa.
“Dicen que trabaja con Marcelo Sosa, que es puntera. Por eso nos llamó la atención cómo actuó la Policía“, manifestó durante la entrevista. Hasta el momento no existe una respuesta oficial del edil ni del Ministerio de la Comunidad respecto de esta acusación.
Los vecinos sostienen que el inmueble dejó de cumplir el objetivo social para el cual fue construido. Según relataron, la adjudicataria habría vivido allí solamente durante el primer año y posteriormente regresó a una vivienda de su propiedad ubicada en el barrio San Juan Bautista, dejando el módulo sin ocupación permanente.
“Ella tiene otra casa. El módulo quedó abandonado y después empezó a alquilarlo. Nosotros mismos cerrábamos el portón porque nadie se hacía cargo”, afirmó Mara.
De confirmarse esta situación, podría configurarse un incumplimiento de las condiciones bajo las cuales suelen adjudicarse este tipo de soluciones habitacionales destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.
El drama de Estefanía
La mujer que ingresó al módulo se identificó como Estefanía. Contó que llegó hace pocos meses desde Buenos Aires para vivir con su hermana, pero terminó siendo expulsada del domicilio y quedó sin un lugar donde alojarse.
Relató además que intentó acceder a un módulo habitacional, aunque aseguró que no obtuvo respuesta. “Fui a averiguar y me dijeron que no estaban entregando módulos. Tengo un hijo con discapacidad y tampoco me pudieron ayudar“, sostuvo.
Tras el desalojo, vecinos del barrio le ofrecieron un lugar provisorio para pasar la noche, aunque su situación continúa siendo incierta.
Intervención del Ministerio
Los habitantes del Lote 110 reclamaron que el Ministerio de la Comunidad revise la adjudicación de ese módulo y de otras viviendas que, según aseguran, permanecen desocupadas en el barrio.
También solicitaron asistencia urgente para Estefanía y su hijo, al considerar que el caso refleja una realidad que requiere una respuesta social inmediata. Mientras tanto, la controversia volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control sobre las viviendas sociales y el cumplimiento efectivo de su finalidad: brindar una solución habitacional a quienes realmente la necesitan.
