Las entidades agropecuarias Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Cha-For) manifestaron su preocupación por los controles que se realizan sobre el transporte de hacienda en Formosa y reclamaron al Gobierno provincial la revisión de los procedimientos, al considerar que su aplicación “discrecional y arbitraria” perjudica el desarrollo de la actividad ganadera.
El planteo surgió luego de una recorrida de dirigentes de ambas entidades por distintas localidades de la provincia, con especial foco en Comandante Fontana, donde productores expusieron las dificultades que enfrentan para trasladar animales debido a la multiplicidad de controles en las rutas.
Según señalaron desde CRA y Cha-For, en varios puestos de control se exige documentación o requisitos que, afirman, no están previstos en la normativa vigente, además de cuestionarse certificados oficiales emitidos en regla. Esta situación, sostienen, provoca demoras prolongadas en el transporte de hacienda y genera pérdidas para los productores.
Las entidades advirtieron que la permanencia de los camiones jaula durante varias horas en los retenes también afecta el bienestar animal, al producir estrés y pérdida de peso del ganado. A ello se suma, indicaron, el impacto sobre la comercialización, ya que las demoras complican el traslado hacia remates feria, frigoríficos y otros destinos de la cadena cárnica.
Convocatoria provincial
Frente a este escenario, CRA y Cha-For solicitaron formalmente la conformación de una Mesa Técnica de Trabajo con el Gobierno de Formosa para analizar los procedimientos de control, unificar criterios y establecer reglas claras que otorguen mayor previsibilidad al sector.
En paralelo, anunciaron que trasladarán el reclamo al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y a las áreas nacionales competentes en materia de seguridad, con el objetivo de coordinar acciones que eviten la superposición de controles y reduzcan las trabas administrativas.
Las entidades rurales aclararon que no cuestionan la existencia de controles sanitarios y de seguridad, los cuales consideran fundamentales para garantizar la sanidad animal, la trazabilidad y combatir el delito rural. Sin embargo, sostuvieron que esas inspecciones deben realizarse con criterios uniformes, transparencia y pleno respeto a la normativa vigente.
En ese sentido, remarcaron que los esfuerzos del Estado deberían concentrarse en fortalecer la prevención del abigeato y otros delitos rurales, evitando que los productores que cumplen con todas las exigencias legales enfrenten demoras y obstáculos burocráticos que afectan la competitividad del sector.
Finalmente, CRA y Cha-For ratificaron su compromiso de continuar las gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales para alcanzar acuerdos que permitan establecer protocolos de control claros, transparentes y digitalizados, con el objetivo de mejorar las condiciones para la producción ganadera en Formosa y el norte argentino.
