El Concejo Deliberante capitalino aprobó este jueves una resolución de rechazo al pedido de intervención federal a la provincia de Formosa promovido por el senador nacional Francisco Paoltroni, en una sesión marcada por discursos encendidos, acusaciones cruzadas y fuertes cuestionamientos entre el oficialismo y la oposición.
La iniciativa fue impulsada por los concejales del bloque justicialista, quienes defendieron la “legitimidad del voto popular”, la autonomía provincial y el funcionamiento institucional del gobierno formoseño. El proyecto aprobado sostuvo que la intervención federal es una medida “excepcional” prevista únicamente para casos extremos contemplados en la Constitución Nacional y afirmó que “ninguna de esas causales se verifica en la provincia de Formosa”.
Durante el debate, el oficialismo calificó el planteo de intervención como “antidemocrático”, “irresponsable” y “carente de sustento constitucional”. Además, vinculó el pedido con “maniobras políticas” de sectores opositores ante la imposibilidad de imponerse electoralmente en la provincia.
Uno de los discursos más extensos fue el del concejal Horacio Petit, quien realizó una defensa jurídica y política del rechazo a la intervención. El edil sostuvo que el planteo “no reúne las causales previstas en el artículo sexto de la Constitución Nacional” y remarcó que las provincias son “entes autónomos y preexistentes a la Nación”.
“Este Concejo Deliberante se expresa en defensa de la soberanía popular y de la autonomía provincial”, afirmó el concejal oficialista, quien además acusó a Paoltroni de incumplir el mandato constitucional de defender los intereses de Formosa en el Senado.
Desde la oposición, en tanto, los concejales libertarios cuestionaron duramente al gobierno provincial y defendieron la necesidad de una intervención federal. El concejal Mattia Canepa sostuvo que en la provincia “no existe división de poderes” y denunció supuestos hechos de persecución política y falta de transparencia institucional.
“En Formosa los tres poderes están quebrados por un sistema que lleva más de 30 años”, afirmó durante su exposición, donde también cuestionó el control del Poder Judicial y el manejo de los recursos públicos.
En la misma línea se expresó el concejal Matías Canepa, quien aseguró que el oficialismo “usa todo el aparato estatal para sostenerse” y volvió a denunciar falta de acceso a la información pública dentro del propio Concejo Deliberante.
La concejal, María Argañaraz, respondió con dureza a las acusaciones opositoras y defendió la gestión del gobernador Gildo Insfrán, resaltando que fue ratificado “en más de ocho elecciones con más del 70% de los votos” y “eso les molesta”.
Durante la votación nominal, la resolución fue aprobada por la mayoría oficialista, mientras que el concejal Ramiro Saavedra se abstuvo argumentando que desde el La Libertad Avanza “no se tomo posición” sobre la intervención.
Los concejales alineados al gildismo impusieron su número para darle el respaldo institucional al rechazo a la intervención federal.
