La falta de información sobre el desempeño de los Ministerios Públicos Fiscales (MPF) en Argentina es una realidad preocupante, y Formosa figura entre las provincias que menos datos ofrecen sobre su actividad.
Según el reciente informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Ministerio Público Fiscal de Formosa, encabezado por Sergio López, no publica datos básicos que permitan evaluar su tasa de eficacia político-criminal.
Este “apagón informativo” se observa también en otras provincias, como Misiones, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, donde los MPF no enviaron siquiera los indicadores mínimos requeridos, tales como ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba y acuerdos reparatorios.
El informe del INECIP destaca que la falta de transparencia no solo atenta contra el derecho a la información pública, sino que impide el control ciudadano sobre la gestión de estos organismos que tienen la responsabilidad de perseguir el delito y tutelar los intereses de las víctimas.
En el caso de Formosa, la falta de información sobre el desempeño del Ministerio Público Fiscal refleja un problema estructural que, según el informe, puede deberse a un desinterés político o incluso a la intención de ocultar el bajo rendimiento en la gestión de recursos destinados a la persecución penal.
A nivel nacional, la situación no es muy diferente, aunque algunas provincias han demostrado avances significativos. El informe sitúa a Jujuy, Río Negro y Neuquén como las provincias con mayores tasas de eficacia, alcanzando un 18.11%, 13.34% y 12.07% respectivamente.
Estos niveles de eficacia se basan en la proporción de casos en los que se logró una salida con impacto político-criminal, ya sea a través de condenas, acuerdos reparatorios o suspensiones de juicio a prueba.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Buenos Aires también presentaron datos, aunque con menores niveles de eficacia, de un 6.96% y 3.79% respectivamente.
El INECIP resalta la importancia de establecer sistemas de información confiables y accesibles, especialmente en provincias como Formosa, donde la falta de datos transparentes es un obstáculo para cualquier mejora en la política de persecución penal.
La opacidad en el funcionamiento de los MPF afecta directamente la confianza pública y dificulta la implementación de políticas orientadas a resultados, limitando el impacto de estas instituciones en la resolución de conflictos penales.
El caso de Formosa, al igual que el de otras provincias con índices bajos de transparencia, plantea la necesidad de avanzar hacia un sistema judicial más accesible y comprometido con los derechos ciudadanos, facilitando el control público sobre la actividad de los organismos que gestionan la seguridad y la justicia.