El gobernador Gildo Insfrán va batiendo récords inéditos en la política argentina, siendo uno de los gobernadores con más años al frente de la gestión, con 32 años si finaliza en 2027. Ahora, busca romper otro récord: modificar la Constitución por segunda vez.
Este martes, el Ejecutivo provincial presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que busca declarar la necesidad de una reforma total de la Constitución de Formosa, abarcando los artículos 1 al 189.
La Constitución que se pretende modificar es la que en 2003 el propio Insfrán moldeó a su medida para establecer la reelección indefinida en los cargos de gobernador, vicegobernador e intendentes, y que ahora está en la mira de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a los planteos de inconstitucionalidad por parte de la oposición.
El 19 de noviembre vence el plazo establecido por el máximo tribunal para que Insfrán argumente su defensa en el reclamo realizado por el Frente Amplio Formoseño.
Si bien en el articulado no se menciona la posibilidad de modificar ese aspecto, el proyecto que tienen los diputados pone énfasis en afianzar el sistema representativo, republicano y democrático de gobierno.
“Es un objetivo de esta reforma continuar afianzando el sistema representativo, republicano y democrático, que no solamente es una forma de gobierno que la Nación y las provincias argentinas se dan para sí, sino también una forma de vida que hemos elegido y consolidado los argentinos”, señala el texto oficial del proyecto presentado en la Comisión de Legislación.
La propuesta busca establecer nuevas regulaciones sobre los derechos políticos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, incluyendo la paridad de género en los cargos electivos tanto a nivel provincial como municipal, así como en los órganos internos de los partidos políticos.
“Se propone que la Convención Constituyente prevea nuevas regulaciones sobre los derechos políticos, incluyendo la incorporación con jerarquía constitucional de la paridad de género para los cargos electivos legislativos”, expresa el proyecto.
La reforma también contempla la incorporación de los llamados “derechos de cuarta generación”, que garantizan la inclusión digital y el acceso a las tecnologías de la información como derechos fundamentales, con el objetivo de que los avances tecnológicos no incrementen las desigualdades sociales, sino que promuevan el desarrollo de toda la comunidad.
En el plano político, la propuesta busca modernizar el Estado, reorganizando sus funciones para lograr una administración más eficiente y eficaz. Según el proyecto, “se propone reorganizar funciones estatales con el fin de consolidar una administración más eficaz y eficiente, fomentando la modernización e innovación para brindar más y mejores respuestas a las necesidades de la comunidad”.
En cuanto a los plazos para la convocatoria a convencionales constituyentes, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la ley.
El Tribunal Electoral Permanente deberá fijar un cronograma para la elección de los convencionales constituyentes, exceptuándolo del cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa electoral vigente. Además, se instruye al Tribunal a adecuar las distintas etapas del proceso electoral a la fecha que determine el Poder Ejecutivo para los comicios.
Los convencionales elegidos tendrán un plazo de 60 días para concluir su tarea, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días si lo decide la mayoría simple de los miembros. El desempeño de los convencionales será honorario, y deberán respetar la paridad de género en sus listas.
El oficialismo sostiene que la reforma fortalecerá las instituciones provinciales y consolidará los avances logrados en los últimos 20 años.
“Esta reforma busca fortalecer nuestras instituciones en el marco del federalismo, consolidar conquistas alcanzadas por la comunidad formoseña y modernizar nuestras políticas públicas”, afirman desde el Ejecutivo.
Sin embargo, la oposición ha expresado sus reservas, advirtiendo que este proceso podría ser utilizado para concentrar aún más el poder en el Ejecutivo y limitar las garantías republicanas.
