José Leonardo Gialluca seguirá al frente de la Defensoría del Pueblo de Formosa hasta 2031, luego de que la Legislatura provincial aprobara su continuidad durante la sesión del jueves, con 22 votos del justicialismo y ocho en contra de la oposición. El funcionario fue designado por primera vez el 29 de marzo de 2001 y, con este nuevo mandato, completaría tres décadas consecutivas en el cargo. Prensa Libre Formosa+1
En una entrevista con Algo está pasando, por VLU FM 88.5, el diputado provincial de la UCR, Miguel Montoya, cuestionó duramente la decisión y denunció que el oficialismo incorporó el expediente sobre tablas, sin discusión previa ni participación de los bloques opositores.
“Es una metodología muy mala que usa el Gobierno. A muchas figuras trascendentales de la institucionalidad de Formosa las nombran sobre tablas”, sostuvo.
Montoya recordó que la Defensoría del Pueblo fue concebida como un organismo independiente, destinado a controlar al poder político y proteger a los ciudadanos frente a los abusos del Estado. Sin embargo, consideró que en Formosa ocurre exactamente lo contrario.
“Hasta el defensor del Pueblo en Formosa tiene reelección indefinida”, ironizó el legislador, al cuestionar la permanencia de Gialluca durante 25 años en el mismo cargo.
El juicio político
La continuidad de Gialluca también reavivó una controversia de 2020, cuando diputados opositores promovieron un pedido de juicio político tras la investigación de Algo está pasando que demostró que figuraba como aportante económico del Partido Justicialista de Formosa.
La presentación incluyó registros de aportes correspondientes a 2015 y 2016. Los denunciantes sostuvieron que esas contribuciones constituían actividad político-partidaria, prohibida por el artículo 32 de la Ley Provincial 1065, que regula el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
Gialluca rechazó entonces las acusaciones y sostuvo que los aportes no implicaban el ejercicio de actividad partidaria incompatible con sus funciones. El pedido de juicio político no derivó en su destitución.
Montoya retomó ese antecedente para justificar su rechazo a la nueva designación: “Es aportante al partido de gobierno que tiene que controlar”, señaló.
Montoya fue consultado directamente sobre la identificación política del defensor del Pueblo con el gobernador Gildo Insfrán. “Es más gildista que Yanina y Carlin”, disparó el legislador radical, en referencia a Yanina Insfrán y Carlin Insfrán, hija y hermano del mandatario provincial, respectivamente, ambos diputados provinciales del PJ.
Montoya fue todavía más contundente al describir la relación política de Gialluca con el oficialismo: “Es un soldado de la causa de Insfrán. Nunca jamás criticó una sola medida de Insfrán y tiene la camiseta puesta. Debe dormir con un pijama con la cara de Gildo”, ironizó, al cuestionar la independencia de quien debería controlar los actos del Gobierno provincial.
El diputado también cuestionó lo que considera una actuación políticamente selectiva del defensor del Pueblo. Aseguró que Gialluca endurece sus críticas sobre las tarifas eléctricas y el estado de las rutas cuando gobierna la Nación una fuerza política distinta del peronismo, pero evita confrontar con la administración provincial.
“Lamentablemente, los ciudadanos de Formosa no cuentan con un instrumento que puedan utilizar para equilibrar los abusos que comete el Gobierno”, concluyó.
El artículo 205 de la Constitución provincial establece que el defensor del Pueblo permanece cinco años en sus funciones, mientras que la Ley 1065 prohíbe la actividad político-partidaria durante el mandato. A diferencia de la legislación nacional, que limita a una sola reelección la continuidad del defensor, la normativa formoseña no establece expresamente ese límite.
La nueva designación consolida así la permanencia de Gialluca en uno de los principales organismos de control de la provincia, nuevamente con el respaldo del gobierno de Gildo Insfrán y pese a los cuestionamientos de la oposición sobre su independencia política.
