Los integrantes de las comunidades originarias involucrados en las causas iniciadas después de los operativos en Misión Nueva y Tres Palmas, en el departamento Ramón Lista, recuperaron la libertad, según confirmó el abogado Agustín Dambra en una entrevista con Algo está pasando por VLU FM 88.5.
“Ya están todos en libertad”, aseguró el letrado, quien durante las últimas semanas intervino en la asistencia jurídica de integrantes de las comunidades y en la presentación de pedidos ante la Justicia.
La novedad cierra, al menos respecto de las detenciones, un conflicto que comenzó con el operativo policial realizado el 31 de agosto para desalojar cortes sobre el camino vecinal Nº 9002. Inicialmente, la información oficial dio cuenta de 18 detenidos —nueve hombres y nueve mujeres—, quienes permanecieron privados de su libertad durante varios días.
Sin embargo, Dambra reveló ahora que la cantidad de personas sobre las que pesaron órdenes de detención habría sido considerablemente mayor.
Según reconstruyó, inicialmente tuvo conocimiento de dos órdenes que involucraban en conjunto a 39 personas. Posteriormente recibió documentación correspondiente a otras seis.
“Ahí hay un total de 45 personas”, precisó.
La cifra permite dimensionar de otra manera el operativo y también aclarar la información proporcionada por el propio abogado en una entrevista anterior, cuando había señalado que, de acuerdo con consultas realizadas ante el Juzgado de Las Lomitas, la cantidad potencial de personas buscadas podía superar las 60.
Ahora, con documentación a la que tuvo acceso, Dambra pudo establecer al menos 45 personas alcanzadas por las órdenes, aunque eso no significa necesariamente que todas hayan permanecido efectivamente detenidas.
Familias que se escondieron en el monte
El abogado volvió a denunciar además las consecuencias que tuvo el despliegue policial dentro de las comunidades. Según afirmó, hubo familias que abandonaron sus viviendas y se internaron en zonas de monte por temor a ser detenidas.
Dambra relató que recibió videos de una mujer con su bebé que permanecía fuera de su comunidad. “Ellos deberían estar en su comunidad, en sus chozas, pero se tuvieron que ir por miedo. Eso es lo grave”, sostuvo.
Se trata de la versión proporcionada por el abogado y miembros de las comunidades. El parte policial difundido después del procedimiento sostuvo, por su parte, que hubo resistencia durante el desalojo y que dos efectivos resultaron lesionados.
Las detenciones se produjeron después de varios meses de reclamos vinculados principalmente con el acceso a la educación, además de pedidos por agua, energía y asistencia social.
Dambra destacó el trabajo realizado por las propias comunidades y por los abogados que intervinieron en las causas. “El trabajo de la comunidad wichí y el trabajo de los doctores también dio su fruto y por suerte estas familias están en libertad”, afirmó.
La liberación se produce después de semanas de movilizaciones, presentaciones judiciales y cuestionamientos de familiares, referentes indígenas y organizaciones que reclamaban el cese de las detenciones derivadas de las protestas.
