La Municipalidad de Las Lomitas sufrió una avanzada institucional con la Justicia al denunciar una “intervención encubierta” y una violación de su autonomía municipal, luego de que una medida cautelar limitara las facultades de la comuna sobre una obra perteneciente a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La jueza Aracelli E. Mocca autorizó a continuar, concluir e inaugurar el camping de la UEJN, pese a que la construcción se habría iniciado sin autorización municipal y actualmente, siempre de acuerdo con el Municipio, no cuenta con permiso de obra, final de obra ni habilitación.
El punto central del planteo municipal no pasa solamente por la situación administrativa del camping, sino por el avance de una decisión judicial sobre facultades que la comuna considera propias de su autonomía constitucional.
La cautelar, según detalló el Ejecutivo, ordena al Municipio abstenerse de labrar actas de infracción, aplicar multas, disponer clausuras o ejecutar medidas de coerción material sobre la obra. En los hechos, sostiene la comuna, la resolución le impediría ejercer su poder de policía sobre una construcción ubicada dentro de su jurisdicción.
Es precisamente sobre ese punto que Las Lomitas habla de una “intervención encubierta”: considera que, sin existir formalmente una intervención del Municipio, la decisión judicial actuaría de facto sobre sus competencias al impedirle controlar, sancionar o clausurar una obra que considera irregular.
Desde la gestion del intendente, Pablo Basualdo, se punta a una situación que considera excepcional: el beneficiario de la cautelar es el gremio de los empleados judiciales, cuya Seccional N.º 3 está encabezada por Blanca Almirón.
El Municipio reclama que la UEJN sea sometida a las mismas exigencias administrativas que cualquier vecino o institución que realice una construcción en la localidad.
La Municipalidad informó que apeló la cautelar y solicitó su revocación. Además, anticipó que analiza promover una denuncia penal contra la jueza Mocca para que se investigue si su actuación podría encuadrar en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, junto con una eventual presentación ante el Consejo de la Magistratura.
Así, el conflicto por una obra sin permisos escaló a una disputa sobre los límites entre el Poder Judicial y la autonomía municipal. La posición de Las Lomitas es que la cautelar no sólo beneficia a la UEJN frente a los controles locales, sino que coloca al Municipio en la imposibilidad práctica de ejercer facultades que considera legal y constitucionalmente propias.
