El diputado provincial de la UCR Miguel Montoya apuntó al procedimiento utilizado por el Gobierno de Formosa para habilitar los proyectos de parques solares anunciados para distintas localidades de la provincia.
En una entrevista con Algo está pasando, por VLU FM 88.5, sostuvo que el Ministerio de la Producción modificó mediante una resolución administrativa la exigencia de realizar una audiencia pública prevista en la legislación provincial.
“Estamos absolutamente de acuerdo con que esas inversiones lleguen a Formosa”, afirmó, aunque inmediatamente marcó la diferencia: “Queremos que esas inversiones lleguen, pero que lleguen cumpliendo la ley”.
El proyecto anunciado contempla una inversión cercana a los US$ 129 millones en dos etapas y una capacidad total proyectada de 170 MW. La primera fase prevé 80 MW, con instalaciones en Pirané, Laguna Blanca e Ibarreta. La segunda incorporaría otros 90 MW en Clorinda, Formosa Capital y General Güemes.
Según explicó Montoya, el problema apareció después de los anuncios de inversión. El legislador señaló que el 3 de agosto el Ministerio de la Producción dictó una resolución administrativa que modificó el procedimiento ambiental y reemplazó la convocatoria a una audiencia pública por una consulta pública informativa.
Para el diputado, no se trata de una diferencia formal. Sostuvo que la audiencia pública constituye una instancia de participación y control prevista por la Ley provincial 1.060, por lo que un ministerio no podría modificar esa exigencia mediante una norma administrativa de menor jerarquía.
“Hicieron un traje a medida para evitar el cumplimiento de una ley y de la Constitución provincial”, cuestionó Montoya. A partir de esa situación, la oposición presentó un pedido de informes para conocer si las audiencias públicas fueron efectivamente convocadas antes de la emisión de los certificados ambientales y, en caso contrario, bajo qué fundamento fueron omitidas.
El radical también vinculó el planteo con la nueva Constitución provincial y mencionó específicamente sus artículos 13 y 79, que —según explicó— incorporan principios relacionados con la protección ambiental, las inversiones y el desarrollo de energías limpias. Su cuestionamiento apunta a una contradicción: normas incorporadas recientemente a la Constitución estarían siendo relativizadas al momento de autorizar una inversión concreta.
“Siempre hay socios locales”
Montoya pidió conocer con precisión quiénes participan de los emprendimientos. Aclaró que por el momento no formula una acusación penal, pero reclamó información sobre las empresas y los permisos concedidos.
“Estamos absolutamente felices de la inversión privada, es lo que buscamos en la provincia de Formosa”, sostuvo. Sin embargo, agregó: “Atrás de cada una de estas empresas, permítame dudar, siempre hay socios locales, siempre hay decretos hechos a medida, salteando las exigencias legales”.
Sobre el cierre volvió a plantear sus sospechas sobre la forma en que el Gobierno provincial administra determinados proyectos. “Cada vez que nos encontramos con una cosa así, permítame dudar que siempre hay un quiosco atrás”, afirmó.
El pedido de informes otorga al ministro de la Producción, Lucas Rodríguez, un plazo de diez días para responder los interrogantes. Para Montoya, aun cuando el Gobierno pueda explicar el procedimiento seguido, permanece una cuestión central: una resolución ministerial de rango inferior habría modificado requisitos establecidos por una ley provincial.
