El presidente Javier Milei rechazó el recurso jerárquico presentado por una trabajadora de la Dirección de Articulación Regional Noreste–ex Centro de Referencia Formosa, afectada por la reestructuración impulsada por el Ministerio de Capital Humano. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 719/2026, firmado también por la ministra Sandra Pettovello.
La medida alcanza a Mónica Liliana Villalba, agente de planta permanente de la Administración Pública Nacional, quien había cuestionado la resolución que dispuso su pase a disponibilidad por seis meses. El Gobierno nacional adoptó esa decisión en marzo de 2025, después de dejar sin efecto las normas que regulaban el funcionamiento de los Centros de Referencia.
En su presentación, Villalba sostuvo que el acto administrativo era nulo porque la reestructuración no habría implicado una verdadera supresión de funciones. Según argumentó, las tareas desarrolladas por el Centro de Referencia de Formosa fueron absorbidas por otras dependencias de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La trabajadora también denunció una presunta desviación de poder al considerar que la finalidad de la medida fue “achicar el Estado” y no mejorar su eficacia. En ese sentido, planteó que se afectó la estabilidad del empleo público y calificó su eventual desvinculación como un despido sin causa.
Villalba solicitó además que se reconocieran los años durante los cuales estuvo contratada antes de ingresar formalmente a la planta permanente. Ese cómputo podía modificar tanto el período de disponibilidad como el monto de una futura indemnización.
El Ejecutivo nacional rechazó todos los planteos. En los fundamentos del decreto señaló que la agente prestaba servicios en uno de los Centros de Referencia alcanzados por la reestructuración y afirmó que la organización de la Administración Pública forma parte de las facultades reservadas al Gobierno.
También descartó contabilizar los años trabajados bajo contrato, al sostener que la normativa vigente únicamente permite considerar la antigüedad acumulada como personal de planta permanente. Cumplido el plazo de disponibilidad sin una nueva relación laboral dentro del Estado, la ley prevé la desvinculación automática y el pago de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio reconocido.
Con la firma del decreto quedó agotada la vía administrativa. Villalba podrá recurrir a la Justicia dentro de los 180 días hábiles judiciales posteriores a la notificación de la medida.
