El Ministerio de Capital Humano puso en marcha este lunes un operativo nacional de inspecciones en establecimientos educativos para verificar el impacto del paro docente convocado por CTERA y otras confederaciones sindicales, entre ellas la Asociación de Docentes Formoseños (ADF), gremio de base de la central en la provincia.
En diálogo con Algo está pasando, por VLU FM 88.5, el jefe de la Agencia Territorial Formosa de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, José Canepa, confirmó que la delegación provincial recibió instrucciones para realizar un relevamiento del nivel de acatamiento a la medida de fuerza.
“Recibimos una instrucción de hacer un relevamiento de datos respecto del grado de acatamiento del paro, en cumplimiento del artículo 101 de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y exige garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio habitual”, explicó.
Canepa precisó que en la provincia fueron inspeccionados ocho establecimientos educativos, como parte de un operativo dispuesto a nivel nacional. “Ya terminamos el relevamiento y estamos próximos a remitir el informe a Nación para los fines que correspondan”, señaló.
Consultado sobre si en Formosa se cumplió con el porcentaje mínimo exigido por la normativa, el funcionario evitó brindar datos: “No tengo autorización para dar información respecto de porcentajes o cumplimiento. Eso se va a informar a través de los canales oficiales, una vez evaluada la totalidad de la información remitida desde todo el país”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que, a simple vista, la adhesión al paro fue importante. “Aparentemente es alto el grado de acatamiento de la convocatoria al paro“, afirmó.
Sin identificación
El funcionario aclaró que el operativo no busca identificar a los trabajadores que adhirieron a la medida de fuerza, sino medir el funcionamiento general del servicio educativo.
“No estamos solicitando información personal de quiénes participan o no participan del paro. Únicamente hacemos un relevamiento del porcentaje de acatamiento, sin requerir información sensible que pueda afectar el derecho constitucional de huelga”, explicó.
Canepa remarcó que la medida no responde a una decisión local, sino que forma parte de un esquema coordinado por el Gobierno nacional.
“Es una medida ordenada en todo el país. Se determinaron cuáles serían los establecimientos a relevar porque el paro también es de carácter nacional“, indicó.
Una vez finalizados los relevamientos, cada delegación provincial remitirá los resultados al Ministerio de Capital Humano, que será el encargado de consolidar la información y comunicar oficialmente las conclusiones.
La estrategia del Gobierno
El operativo forma parte de la implementación de la Ley 27.802, que incorporó a la educación inicial, primaria y secundaria como un servicio de importancia trascendental, estableciendo la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio habitual durante medidas de fuerza.
Según trascendió desde la Casa Rosada, el relevamiento constituye el primer paso de un eventual proceso sancionatorio. En los casos en que se determine el incumplimiento del piso legal, Capital Humano podría iniciar expedientes contra las organizaciones sindicales, con la posibilidad de aplicar multas económicas.
Como antecedente, el Gobierno nacional recuerda la sanción aplicada al gremio ferroviario La Fraternidad, que recibió una multa superior a 21.000 millones de pesos tras incumplir una conciliación obligatoria. Además, en casos de reincidencia, la legislación contempla la posibilidad de avanzar sobre la personería gremial, aunque desde el propio Ejecutivo reconocen que se trata de un procedimiento de mayor complejidad.
De esta manera, los informes elaborados en cada provincia, incluido el de Formosa, serán determinantes para definir los pasos que seguirá el Ministerio de Capital Humano una vez concluida la evaluación nacional.
