El miércoles, el Gobierno nacional oficializó su intención de avanzar con la privatización de Trenes Argentinos Cargas (TAC), una medida habilitada mediante la aprobación de la “Ley Bases” en el Congreso.
La privatización incluiría la concesión de la operación, las vías con derecho de cobro de peaje, el material rodante, los talleres y el personal, fragmentando así la gestión del sistema ferroviario nacional. Sin embargo, el anuncio plantea más dudas que certezas, dejando en el aire varios aspectos clave.
Luego del sorpresivo anuncio de ayer del Gobierno Nacional, que informó que la primera privatización que tiene previsto concretar será la de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística SA, comenzaron a trascender detalles de cómo será la operación, que es clave para el movimiento de cargas a lo largo y ancho del país; en una red que abarca 7.600 kilómetros y circula por 17 provincias.
Los primeros detalles fueron aportados por el titular de la Agencia de Transformación de Empresas, Diego Chaher, quien detalló que la actual empresa opera tres grandes líneas ferroviarias: La línea Belgrano, que conecta todas las provincias del NEA y NOA con los puertos de Rosario y Buenos Aires; la línea San Martín, que vincula las provincias cuyanas con Buenos Aires; y la Línea Urquiza, que cruza el puente Zárate Brazo Largo para conectar Entre Ríos, Corrientes y Misiones con Buenos Aires.
El funcionario precisó que “para cada una de las 3 líneas vamos a instrumentar 7 procesos de concesión diferenciados. Una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje. Habrá dos concesiones de locomotoras que permitirán incentivar la competencia. Y también dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres”. En todos los casos el traspaso a los privados se realizará con los trabajadores que se desempeñan en cada una de esas funciones.
El esquema que propone el Gobierno es de concesión de infraestructura de acceso abierto, por lo que implica que el concesionario de las vías tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por sus líneas, evitando con esto conductas monopólicas.
El impacto en Formosa: ¿Y el Ramal C-25?
Ante estas decisiones, la pregunta para la provincia de Formosa es inevitable: ¿Qué sucederá con el ramal C-25, considerado vital para el desarrollo económico local?
Este ramal, que conecta Formosa con Embarcación en Salta a lo largo de 704 kilómetros, ha sido un proyecto que ha contado con anuncios y promesas desde 2003, sin que hasta ahora se concrete su reactivación.
El gobierno de Formosa reafirmó recientemente su compromiso con la reactivación del C-25 durante el primer encuentro del Diálogo Federal sobre Integración e Infraestructura: Eje Capricornio, organizado por el Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.
En ese foro, se presentó el ramal C-25 como la espina dorsal para el desarrollo económico de la provincia, integrando su territorio y potenciando su crecimiento.
El encuentro también sirvió para discutir la integración física y la infraestructura de las provincias y promocionar los corredores bioceánicos como clave para el desarrollo de las economías regionales.
Pese a las buenas intenciones expresadas en el Diálogo Federal, el anuncio de la privatización del Belgrano Cargas introduce una nueva capa de incertidumbre sobre este ramal, que ya ha visto retrasada su reactivación varias veces.
La promesa de generar 1.600 empleos directos e indirectos, la reactivación del C-25 sigue siendo prioritaria para el gobierno provincial. Sin embargo, el avance ha sido limitado.
En 2015, Florencio Randazzo, como ministro de Transporte, prometió la renovación total del ramal hasta Pozo del Tigre, pero esas palabras parecen cada vez más lejanas. Con la privatización de TAC en marcha, el futuro del C-25 es incierto. ¿Podrá el privado, lo que no pudo el Estado presente?
