No hubo discurso. No hubo acto. No hubo apertura.
Obligados por la Constitución Provincial, los intendentes subían al estrado para inaugurar el año legislativo el pasado 1° de marzo, el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, no pudo hablar.
El bloque mayoritario del Concejo Deliberante frenó la sesión, impidiendo una de las ceremonias institucionales más básicas de la democracia municipal. No fue un error administrativo ni un problema de agenda. Fue una decisión política. Una demostración de fuerza en plena interna justicialista.
Detrás del bloque “Unidad” —que agrupa a los concejales Walter Albornoz, Hugo Salinas y Luis Duarte— opera José Víctor Fernández, presidente del Partido Justicialista local y director del hospital de mayor complejidad de la región. Un dirigente que acumula poder institucional y partidario, pero que carga también con un peso judicial que sus adversarios internos ya no callan.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa lo condenó por malversación culposa durante su gestión como director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local del PAMI. La sentencia incluyó una multa equivalente al 20% del dinero sustraído y una reparación económica a la institución de 2,5 millones de pesos.
Fernández, que entonces manejó fondos de jubilados con resultado de condena, es hoy quien define qué se vota, cuándo se sesiona y quién puede hablar en el Concejo de Juárez.
La clandestinidad no es una metáfora. El bloque “Unidad” habría realizado al menos dos reuniones deliberativas por fuera de todo marco legal: sin convocatoria pública, sin notificación a la concejal opositora y con participación de personas ajenas al cuerpo legislativo. En uno de los casos confirmados, el encuentro tuvo lugar directamente en la oficina de Fernández dentro del hospital regional.
Ninguna normativa vigente avala esa modalidad. Ningún integrante del bloque lo desmintió.
A esto se suma el silencio ante los pedidos de informes presentados en forma reglamentaria por el bloque de la concejal María Nacif, única representante alineada con el intendente. Sin respuesta, sin plazos, sin explicaciones.
Doce millones en las sombras
El bloque “Unidad” administraría recursos que, según versiones no desmentidas, superan los doce millones de pesos entre sueldos y cupos de asesores. Del otro lado, el bloque de Nacif opera con cerca de dos millones de pesos —que sus integrantes habrían decidido destinar íntegramente a donaciones.
El contraste habla solo: mayoría, recursos y hermetismo de un lado; minoría, austeridad y transparencia del otro.
El conflicto ya desbordó las paredes del Concejo. Hay denuncias concretas de seguimiento en redes sociales, exigencias de presencia en actos partidarios y advertencias a quienes participen de actividades organizadas por el sector del intendente Nacif. Un clima de presión que algunos actores locales definen sin eufemismos como hostigamiento político.
Y todo esto ocurre cuando falta más de un año para las elecciones municipales. La campaña interna ya arrancó, aunque nadie lo admita formalmente.
El peronismo de Juárez no pelea contra la oposición. Pelea contra sí mismo. Y mientras lo hace, bloquea discursos, sesiona en las sombras y deja al municipio sin el año legislativo que la ley manda inaugurar.
