El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa aprobó por unanimidad la propuesta de la ministra Claudia María Fernández que establece un tratamiento diferenciado para los expedientes relacionados con violencia de género, con el objetivo de evitar que estos casos se archiven por prescripción.
La decisión, formalizada a través del Acuerdo N.º 3250, contempla la incorporación de una franja de color rojo en la carátula de estas causas, con la leyenda “VIOLENCIA DE GÉNERO”, así como la asignación de casilleros específicos en cada dependencia judicial, desde su ingreso y durante toda la tramitación del expediente. El planteo surge de la coordinación entre la Oficina de la Mujer del Poder Judicial y otras disposiciones anteriores.
El argumento central es evitar que estas causas queden rezagadas en el sistema judicial y terminen sin resolución.. El STJ autorizó a Presidencia a instrumentar las medidas necesarias para su implementación.
Mientras, desde la Convención Constituyente se aprobó la incorporación de un nuevo artículo a la Constitución provincial, en el que se define con mayor precisión a la figura de la víctima en el proceso penal y se establece que deberá recibir un trato digno y respetuoso, garantizando la confidencialidad de la información sensible.
La realidad de la justicia formoseña esta en rojo: de acuerdo al informe oficial de actividad jurisdiccional del primer trimestre de 2025, los Juzgados de Instrucción y Correccional de la provincia recibieron un total de 7.094 causas, una cifra que confirma la alta carga de trabajo de los tribunales. Solo en la ciudad de Formosa, los seis juzgados capitalinos tramitaron más de 4.700 causas en ese mismo período.
Pese al crecimiento sostenido de expedientes, hace más de 20 años que no se amplía la estructura del fuero penal. No se crearon nuevos juzgados criminales ni se cubrieron cargos vacantes, lo que genera demoras y acumulación de causas.
La diferenciación de expedientes por color rojo para causas de violencia de género busca acelerar su tramitación y evitar que queden sin resolución. Pero la dimensión del problema también plantea la necesidad de discutir reformas estructurales que acompañen estas decisiones con medidas concretas que fortalezcan el sistema judicial. De la Constitución a la realidad.
