El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Formosa fijó una postura institucional frente al proyecto de intervención federal impulsado por el senador Francisco Paoltroni, al advertir que la iniciativa carece de fundamentos jurídicos y representa un riesgo para el federalismo.
En una solicitada, jueces y funcionarios judiciales calificaron a la intervención federal como “uno de los institutos más graves previstos por la Constitución Nacional”, al tiempo que remarcaron que su aplicación debe ser “de carácter excepcional y con criterio restrictivo”, limitada estrictamente a los supuestos del artículo 6.
“El respeto por la Constitución Nacional, el fortalecimiento del federalismo y la vigencia del Estado de Derecho imponen rechazar toda iniciativa que, sin fundamento jurídico suficiente, pretenda alterar el normal funcionamiento de las instituciones provinciales”, sostuvieron.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la defensa del proceso institucional local. En ese sentido, subrayaron: “La Provincia de Formosa ha llevado adelante, en ejercicio pleno de su autonomía, una reforma constitucional que eliminó la reelección indefinida, adecuando su ordenamiento a los principios de periodicidad y alternancia propios del sistema republicano”.
Además, enfatizaron que dicha modificación se produjo “incluso con anterioridad al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, lo que —según señalaron— demuestra “la capacidad del sistema institucional provincial de resolver por sí mismo y perfeccionar sus propias normas dentro del marco democrático”.
Sobre ese punto, remarcaron otro textual clave del documento: “Dicha reforma evidencia de manera clara la vigencia de los mecanismos republicanos, incorporando reglas que garantizan la alternancia en el ejercicio del poder, en línea con los estándares constitucionales”.
En cuanto al planteo de intervención, fueron categóricos: “No se advierte la configuración de los extremos exigidos por el artículo 6 de la Constitución Nacional”. Y agregaron: “No se verifica una situación de alteración del orden republicano, ni la imposibilidad de funcionamiento de los poderes públicos”.
Por el contrario, aseguraron que “las instituciones provinciales se encuentran en pleno funcionamiento, con el ejercicio efectivo de los mecanismos democráticos que garantizan la participación y el control ciudadano”.
También alertaron sobre las consecuencias de avanzar con una medida de este tipo: “La promoción de la intervención federal en este contexto no sólo carece de sustento jurídico suficiente, sino que además importa un riesgo institucional significativo”.
En otro tramo, el documento subraya el valor del federalismo: “El federalismo, como forma de organización del Estado, exige el respeto irrestricto a la autonomía de las provincias. Su debilitamiento implica directamente el menoscabo del sistema republicano”.
Finalmente, remarcaron que la intervención “se encuentra estrictamente condicionada a situaciones extremas que, en el caso de la Provincia de Formosa, no se encuentran configuradas”.
El pronunciamiento lleva la firma de las nuevas autoridades del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa: la presidenta María Viviana Taboada; la vicepresidenta Laura Romero; y los vocales titulares Horacio Roglan Aguayo, Gladis Zunilda Gaona, Víctor R. Portales, Sergio Cañete y Natalia Tafetani. Como vocales suplentes figuran Mariela Isabel Portales y Gabriela Plazas.
