El veto presidencial a la Ley de Redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impacta directamente en las finanzas de Formosa, que según las proyecciones técnicas debería recibir $20.248 millones durante 2025 si estos recursos se distribuyeran con criterio de coparticipación federal.
La medida del presidente Javier Milei, anunciada el viernes pasado, representa una afrenta directa con los gobernadores provinciales, incluido el formoseño Gildo Insfrán, quien había respaldado la iniciativa parlamentaria convertida en ley el 20 de agosto con apoyo de todos los mandatarios del país.
La ley vetada proponía eliminar los altos niveles de discrecionalidad en la distribución de recursos que corresponden a las provincias. Durante 2024, Formosa no recibió aporte alguno de ATN, una situación que se replica en gran parte del territorio nacional debido a la política restrictiva del Gobierno nacional.
Los ATN están destinados a cubrir desequilibrios de caja provinciales y situaciones de emergencia. Sin embargo, el Ejecutivo nacional sostiene que estos fondos tienen “naturaleza extraordinaria y de remisión discrecional”, diferenciándolos de la masa coparticipable de distribución automática.
Los gobernadores rechazan esta interpretación. “Los Aportes del Tesoro Nacional no son propiedad del Presidente ni del Ministerio de Economía: son recursos que nacen en las provincias y deben volver a ellas de manera automática, transparente y justa“, expresó el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tras conocerse el veto.
Según el análisis del director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, los fondos en cuestión alcanzan los $980.000 millones durante 2025, equivalentes al 0,11% del PBI. El estudio revela que entre 2017 y 2024 (excluyendo los años de pandemia), solo se distribuyó efectivamente el 25% del total posible de ATN, acumulándose un 75%.
En el esquema de distribución propuesto, Formosa ocuparía una posición intermedia en el ranking nacional. Con $20.248 millones (0,0024% del PBI), la provincia norteña se ubicaría por debajo de jurisdicciones como Buenos Aires ($122.146 millones), Santa Fe ($49.710 millones) y Córdoba ($49.389 millones), pero superaría a provincias patagónicas como Santa Cruz y Chubut.
Ahora las cámaras del Congreso Nacional deberán analizar si ratifican o rechazan el veto presidencial. Para lograr la insistencia en la ley original, necesitan los dos tercios de los legisladores presentes, una mayoría calificada que requerirá de amplios consensos.
Para Formosa, como para el resto de las provincias, el resultado de esta votación definirá si podrá acceder a recursos que considera legítimos o si continuará dependiendo de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo nacional en materia de transferencias extraordinarias.
El debate trasciende lo meramente fiscal: pone en juego el equilibrio federal y la autonomía provincial en un contexto de ajuste económico nacional que impacta directamente en las finanzas subnacionales.
