El Gobierno nacional resolvió suspender el sistema de auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral que había iniciado en enero, y anunció que trabaja en una nueva reglamentación que apunte a un control “más transparente y riguroso”. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial.
Queda así derogada la Resolución 187/2025, que establecía un procedimiento de revisión masiva que incluía entrevistas presenciales, controles médicos y evaluación documental para determinar la continuidad del beneficio para más de un millón de personas en todo el país.
Según se informó, el cambio responde a la necesidad de “ajustar los criterios técnicos” y al objetivo de incorporar parámetros internacionales para garantizar un proceso más justo.
La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó frenar el operativo actual tras detectar fallas y “oportunidades de mejora”.
En Formosa, la auditoría ya estaba en marcha. Según informó Patricia Arias, directora de la UDAI ANSES en la provincia, se habían comenzado a revisar más de 18.000 casos en localidades como la ciudad capital, Villafañe y otras del interior, con una proyección que incluía zonas del oeste provincial.
Las personas convocadas debían presentarse en clínicas privadas que prestan servicios al PAMI con la documentación que acreditara el grado de invalidez necesario para acceder a la pensión.
Uno de los datos más llamativos que surgió de este proceso es que entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, un total de 1.129 personas renunciaron voluntariamente a sus pensiones en la provincia.
Según Arias, muchas de estas renuncias se debieron al temor a ser descubiertos en situaciones irregulares: “Hay personas que ni siquiera sabían por qué cobraban una pensión y otras que decidieron dejar de percibirla por miedo a posibles sanciones o denuncias penales”, reveló en Algo está pasando.
La funcionaria también reveló que en algunos casos se habría utilizado la gestión de estas pensiones como forma de retribución por tareas informales, lo que podría haber distorsionado el espíritu del sistema. “Nos llegaron testimonios de personas que recibían la pensión como una especie de pago por trabajos que realizaban, en lugar de cobrar un sueldo”, señaló. No obstante, aclaró que aún no se han identificado los responsables de facilitar este tipo de maniobras.
En la provincia, según datos del Congreso, existen 40.333 beneficiarios de pensiones por invalidez. La cifra podría modificarse una vez concluida la auditoría, ya que aún no hay información oficial actualizada sobre cuántos continúan cobrando tras las renuncias y las citaciones.
El Gobierno se comprometió a definir un nuevo esquema de control “alineado con estándares internacionales”. Aunque no se brindaron plazos concretos, desde la Casa Rosada adelantaron que se trabajará en una reglamentación que garantice transparencia y seguridad jurídica para quienes realmente necesitan del beneficio.
